El Consejo Constitucional francés censura parte de la polémica ley contra la piratería en Internet, en concreto la que estipula que una autoridad administrativa puede cortar el acceso a la red. Los miembros de este organismo argumentan en su decisión que sólo un juez tiene la competencia para impedir el acceso a la red de los internautas que hagan descargas ilegales.
El dictamen, de obligado cumplimiento, señala que la libertad de comunicación y expresión prevista en la Declaración de los Derechos Humanos implica "la libertad de acceder a los servicios de comunicación al público en línea" y que, por lo tanto, sólo una autoridad judicial tiene capacidad de limitar esa libertad.
Así el Consejo Constitucional da la razón al opositor Partido Socialista, que presentó un recurso al texto legislativo impulsado por la mayoría conservadora al considerar contrario a la Constitución que se corte el acceso a internet a un cliente sin que exista una sentencia judicial que lo autorice.
La controvertida ley, aprobada el pasado mayo por el Senado y la Asamblea Nacional tras un largo debate parlamentario, estipula que los internautas que hagan descargas ilegales recibirán un primer aviso por correo electrónico y un segundo por carta certificada antes de que, en caso de reincidir, les corten el acceso durante una duración de seis meses a dos años.