El Gobierno ha aprobado un trasvase a través del acuerdo Tajo-Segura, de 20 hectómetros cúbicos a las Tablas de Daimiel para este trimestre. Este trasvase se ha aprobado teniendo en consideración a la situación actual del Parque, donde la sequía ha aumentado el deterioro de las masas de turba con un agrietamiento de la superficie.
El presupuesto total de esta actuación asciende a un total de 8.500.000 euros, mientras que el plazo de ejecución de las obras indicadas se estima en tres meses.
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega ha subrayado que con estas medidas el Gobierno sigue trabajando por recuperar el ecosistema de Las Tablas, "con cuya salvación sigue estando plenamente comprometido".
Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aceptado una renovación del Plan 2000E, suponiendo esto el aumento de las asignaciones en la compra de coches.
Ampliación del Plan 2000E
La renovación del Plan 2000E ha sido ratificada por el Consejo de Ministros. Esto supone la ampliación de ayudas directas a la compra de automóviles, que contará con una dotación adicional de 40 millones de euros.
De la Vega ha añadido que el plan nació con una dotación inicial de cien millones de euros y con el triple objetivo de renovar el sector automovilístico y estimular la sustitución de coches antiguos por otros más limpios y seguros.
Esta renovación del programa de ayudas directas se ha producido a raíz de la acogida "muy positiva" del Plan 2000E inicial, que se agotó antes de que finalizara el plazo.
Ley de acceso electrónico
El Consejo de Ministros también ha aprobado un real decreto por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. La vicepresidenta del Gobierno ha declarado que esta ley pretende mejorar la transparencia, la eficiencia y la cercanía de los ciudadanos con la Administración aprovechando las nuevas tecnologías.
El objetivo es que los ciudadanos puedan acceder a la mayoría de los trámites burocráticos desde su ordenador a través de Internet.
Además, el real decreto establece también un marco "más flexible" en la implantación de la Administración Electrónica sin descuidar los niveles de seguridad y protección de los derechos e intereses de los ciudadanos.