Se esperaba un gran "pacto de Estado" pero, finalmente, el Consejo de Ministros ha aprobado este viernes más de 20 medidas económicas, algunas de ellas apoyadas por los grupos políticos que participaron en la llamada 'Comisión Zurbano', que tienen por objeto impulsar la actividad económicay la recuperación del empleo.
En concreto, el Gobierno ha dado luz verde a un decreto ley que incluye 24 de las 54 medidas anticrisis que propuso a los grupos políticos el pasado 25 de marzo.
Medidas para la rehabilitación de viviendas
En la norma se hace hincapié en los incentivos fiscales a la rehabilitación, si bien no incluye el tope máximo de 39.407,20 euros de renta anual que se planteó anteriormente para la nueva deducción y se limita a enunciar que "decrecerá progresivamente para los contribuyentes con rentas más altas".
La deducción será del 10 por ciento para contribuyentes de renta inferior a 33.007 euros con un límite del 4.000 euros anuales por vivienda para obras de mejora de la vivienda habitual hasta el 31 de diciembre de 2012, pudiendo deducirse las cantidades excedentes a lo largo de los cuatro ejercicios siguientes, con el mismo límite anual y con un máximo total de 12.000 euros.
Asimismo, se ha aprobado la reducción del IVA para todo tipo de obras de mejora de vivienda, fijando el tipo reducido para las obras realizadas hasta el 31 de diciembre de 2012. En esta misma línea, se ha ampliado el concepto de rehabilitación estructural a efectos de IVA definiendo las obras análogas y conexas a las estructurales con el objeto de reducir los costes fiscales asociados al proceso de rehabilitación.
Contra la inembargabilidad
También se incluye la petición de ICV de reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil para elevar el umbral de inembargabilidad en los supuestos de ejecución hipotecaria sobre su vivienda habitual, teniendo en cuenta la existencia de familiares a cargo del obligado, si bien no se explicita de qué forma se distribuirán.
Además, se aplicará el tipo "superreducido" de IVA a los servicios de atención a la dependencia prestados por las empresas integradas en el sistema de autonomía y atención a la dependencia mediante plazas concertadas en centros o residencias.
Dentro del paquete de medidas que ha aprobado el Gobierno está también la concesión directa por parte del ICO de créditos a pequeñas y medianas empresas de hasta 200.000 euros, asumiendo el organismo el 100 por ciento del riesgo de la operación.
Exenciones al transporte
Entre las medidas que ha autorizado este viernes el Gobierno se encuentra también la de eximir a los trabajadores de tributar en el IRPF las cuantías satisfechas por las empresas para desplazamientos entre la residencia y el centro de trabajo en transporte público, con el límite de 1.500 euros anuales.
Además se incluyen otras medidas para pymes, como la flexibilización de los requisitos para recuperar el IVA en el caso de impago de facturas, acortando el plazo de 1 año a 6 meses.
Asimismo, se ha incorporado la petición de CIU de simplificar para las pymes las obligaciones de documentación en operaciones vinculadas. No afectará en ningún caso a las operaciones con paraísos fiscales.
Reforma de los contratos públicos
El decreto ley reformará también la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y de la Ley de Subvenciones para posibilitar la continuidad de la relación contractual o de las subvenciones con las empresas sometidas a procedimientos de concurso "cuando de ello no resulte lesionado el interés público". También se amplía a 2011 y 2012 la prórroga de la libertad de amortización siempre que se mantenga el empleo.
Por otro lado, se ha revisado la definición de empresas de servicios energéticos como elemento de dinamización de la rehabilitación del parque existente de edificios con vistas a la reducción del consumo energético y se adoptarán las reformas legales necesarias para asegurar la pronta contratación y realización de un plan de obras de rehabilitación y eficiencia energética en las administraciones públicas, mediante la contratación de este tipo de empresas.
El objetivo es alcanzar un ahorro del 20 por ciento del consumo energético en el horizonte 2010-2012 en 2000 edificios públicos de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas y entidades locales.