El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y obispo auxiliar de Madrid, monseñor Juan Antonio Martínez Camino, manifestó este viernes que no entiende cómo el aborto "no puede ser delito" y dijo que "nunca puede ser admitido moralmente".
"No se entiende que quitar la vida a un ser humano inocente no puede ser delito", dijo el también portavoz del Episcopado durante la presentación del documento 'Declaración ante la crisis moral y económica'.
Para Martínez Camino, el aborto, al que calificó como "gravísimo pecado", "no puede ser aceptado legalmente".
La crisis económica
En su 'Declaración ante la crisis moral y económica', presentada en Madrid y aprobada en el transcurso de la última Asamblea Plenaria, celebrada hace unos días achaca la crisis económica a "la pérdida de valores morales", a la vez que considera que las políticas antinatalistas tendrán repercusiones económicas en las futuras generaciones.
Los mitrados españoles citan "la falta de honradez, la codicia y la carencia de control de las estructuras financieras, potenciada por la economía globalizada" como causas de la crisis y enumeran entre las víctimas principales a las familias, sobre todo las numerosas, los jóvenes, los desempleados, los pequeños y medianos empresarios, los agricultores y ganaderos y los inmigrantes.
Ante la crisis, piden solidaridad con los más afectados, porque "la pobreza y el desempleo degradan la dignidad del ser humano" y aprovechan para criticar las "políticas antinatalistas" del Gobierno, lo que consideran "pernicioso" desde el punto de vista económico para las futuras generaciones de españoles.
Contra el Gobierno
En esta declaración, dividida en cuatro apartados ('Causas y víctimas de la crisis', 'No hay verdadero desarrollo sin Dios', 'Estamos llamados a tomar decisiones y a aliviar la miseria' y 'Nuestro compromiso permanente como Iglesia') y nueve puntos a lo largo de una veintena de páginas, los prelados señalan que la crisis económica "debería ayudarnos a poner en Dios la referencia verificadora de actitudes y comportamientos".
A lo largo de este trabajo, arremeten contra dos de las leyes del Gobierno: la recién aprobada Ley de Extranjería y la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, en trámite parlamentario.
A su entender, la primera norma "restringe derechos que afectan decisivamente a la dignidad (de los inmigrantes) como personas" y ante la segunda, opinan que la aspiración ha de ser la de "lograr un desarrollo integral" que "requiere una renovación ética de la vida social y económica que tenga en cuenta el derecho a la vida'".
Bien común
El desarrollo, según constatan en el texto, "es imposible sin hombres rectos, sin operadores económicos y hombres políticos que vivan fuertemente en su conciencia la llamada al bien común". En este sentido, apuntan a "un mayor compromiso en el mundo de la educación y en la vida pública, para erradicar en todo momento la corrupción, la ilegalidad y la sed de poder".
El objetivo de la Iglesia española al publicar esta declaración es "transmitir una palabra de aliento y de esperanza" y, a la vez, animar a los cristianos y a todos los hombres "a discernir el momento presente y a comprometerse con generosidad y solidaridad". Se trata, constatan, de una reflexión en el marco de su misión pastoral, un "juicio moral" para "encontrar el camino adecuado para su solución", por lo que no plantean "soluciones técnicas".