El Juzgado de lo Penal número 9 de Sevillaha condenado a tres años de prisión y a una multa de 408 euros por un delito contra la comunidad internacional, en su modalidad de atentado, a Hokman Joma, el joven kurdo de pasaporte sirio encarcelado desde febrero de este año por arrojar un zapato contra el primer ministro turco,Recep Tayyip Erdogan, durante una visita a la capital andaluza, toda vez que la sentencia dictada por la citada instancia judicial le absuelve del delito de resistencia que le acusaba la Fiscalía.
Según ha informado en un comunicado de prensa la propia Fiscalía, esta sentencia no ha aceptado, finalmente, la expulsión sustitutiva solicitada por el propio Ministerio Público en atención a su alegato de temor de represalias en caso de ser repatriado a su país, pues hay que recordar que, durante su declaración, el condenado dijo que mandarlo a Siria "es mandarlo a la muerte", y que incluso preferiría una condena de 20 años en España.
En este sentido, y pese "a no atender la sentencia todos los pedimentos realizados", la Fiscalía ha anunciado que no recurrirá en apelación el fallo, ya que considera que "es conforme en lo fundamental con la tesis" mantenida por el Ministerio Público en cuanto al delito contra la comunidad internacional, motivo por el que acepta el resto de los pronunciamientos en cuanto a la valoración del juez sobre la "insuficiencia" de la prueba de cargo acerca de los hechos que habían sido calificados como de resistencia a los agentes de la autoridad. Además, tampoco recurrirá la denegación de la expulsión sustitutiva de la pena impuesta.
El Juzgado ha tenido en cuenta la petición del condenado
Al hilo de ello, el Ministerio Público ha recordado que había planteado la oportunidad de sustituir la pena privativa de libertad por la expulsión del territorio español al verlo "razonable" para el Estado español "y posiblemente más beneficioso" para el acusado. No obstante, añade, el Juzgado ha tenido en cuenta lo declarado en este punto por Hokman Joma y "ha estimado razonables las dudas que este ha expuesto sobre el riesgo potencial de represalias de ser repatriado a Siria".
Conviene recordar que la Fiscalía pedía inicialmente tres años de prisión y el pago de 1.500 euros por un presunto delito contra la comunidad internacional en relación con otro delito de atentado a la autoridad, así como ocho meses de cárcel por un delito de resistencia grave a los agentes del orden, mientras que interesaba, por aplicación de lo previsto en el artículo 89 del Código Penal, sustituir las penas privativas de libertad antes relacionadas por la expulsión del territorio nacional del acusado.
De su lado, el abogado defensor del condenado, Luis Ocaña, había solicitado la absolución de su patrocinado, mientras que también mostró su oposición a que el acusado fuera expulsado a su país de origen, pues eso "significa la tortura y la pena de muerte segura" para un encartado que "está siendo sometido a un proceso político".