El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha asegurado que su institución lleva realizando un esfuerzo "no siempre grato" por erradicar las conductas corruptas, "vengan de donde vengan, sean quienes sean sus autores".
Durante su discurso pronunciado ante el Rey en el acto de apertura del Año Judicial, Conde-Pumpido ha destacado que el número de investigaciones realizada por la Fiscalía Anticorrupción se ha multiplicado por dos en el último año.
El responsable de la Fiscalía añadió que esta lucha contra la corrupción es una exigencia de la "sociedad democrática" y ha indicado que esta lacra "no logrará en ningún caso deslegitimar la acción inexorable del Estado del derecho".
Modificar la Ley de Régimen Local
Por otra parte, el fiscal general del Estado ha reclamado una modificación de la Ley de Bases de Régimen Local para terminar con la actual situación "hiriente para la sensibilidad democrática" que permite que quienes concurrieron a un proceso electoral en las filas de un partido ilegalizado por su vinculación con ETA, como es el caso de ANV, "pueda seguir detentando el gobierno de las Corporaciones Municipales".
Lo que pasa actualmente en determinados municipios del País Vasco y Navarra "no encaja en la taxativa tipicidad de la norma actualmente vigente", según advierte la última Memoria de la Fiscalía General del Estado, por lo que el Ministerio Público propugnó una "una fórmula general que permita erradicar directamente esta realidad".
Concretamente, propuso la incorporación al artículo 61 de la citada Ley Orgánica de una causa de disolución más, que afecte de forma concreta al Ayuntamiento "que sea gobernado por una mayoría de concejales que hubieran sido elegidos en la lista de un partido ilegalizado".
Reforma del sistema procesal
Durante su discurso, Conde-Pumpido se ha referido también a la "insuficiencia y obsolescencia" de nuestro sistema procesal penal, por lo que ha reclamado una reforma del mismo con el fin de acabar con "fenómeno, como la politización de la Justicia y la judicialización de la política".
Asimismo, Conde-Pumpido ha señalado que sería deseable, al hilo de la reforma del Código Penal que prepara el Ministerio de Justicia, alcanzar una definición legal del concepto de organización criminal, especialmente de las de carácter terrorista, "que ponga fin a la consideración de éstas como asociaciones ilícitas y opte clara y palmariamente por conceptuarlas como organizaciones criminales".
Jurisdicción universal
En el capítulo de propuestas de modificación legislativa, la Memoria de la Fiscalía alude a la reforma que se tramita en las Cortes del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, referida a la persecución en España de los delitos de lesa humanidad (jurisdicción universal).
Conde-Pumpido ha indicado que, en la actualidad, la Ley permite la "proliferación de procedimientos relativos a delitos producidos en lugares totalmente extraños y alejados, que se incoan sin perspectiva de eficacia alguna", y a instancia de personas que en ocasiones no están relacionadas directamente con el hecho investigado.