Montero ha concretado que este cierre provisional tendrá una vigencia de dos meses, y que, en el caso de que no deponga su actitud, se le sancionará con 145.000 euros y se elevará el caso a los tribunales, con la consiguiente propuesta del departamento que dirige María Jesús Montero de que se siga con el cierre cautelar hasta que haya una resolución judicial.
El cierre es provisional
En cualquier caso, la titular del ramo ha dejado claro que ,si el dueño de este establecimiento depone su actitud en el transcurso de las próximas horas o próximos días, el cierre provisional se levantaría y podría seguir con su actividad comercial.