La Comisión Europea ha impuesto multas por un valor total de 1.106 millones de euros a la empresa energética alemana E.ON y a su filial E.ON Ruhrgas, y a la compañía francesa GDF Suez por haber llegado a un acuerdo para repartirse los mercados francés y alemán del gas. Cada una deberá pagar 553 millones de euros. La Comisión considera que su acuerdo vulnera la normativa comunitaria que prohíbe las prácticas comerciales restrictivas.
La infracción se remonta a 1975, cuando Ruhrgas, hoy E.ON Ruhrgas, y Gaz de France, que en la actualidad forma parte de GDF Suez, decidieron construir conjuntamente el gaseoducto MEGAL a través de Alemania, para importar gas ruso a Alemania y Francia. Ambas empresas acordaron en ese momento mediante dos cartas que GDF no vendería el gas trasportado por MEGAL en Alemania y que Ruhrgas haría lo mismo en Francia. En ese momento, Gaz de France gozaba de un monopolio legal sobre las importaciones de gas natural en Francia que duró hasta agosto de 2000.
Aunque, según Bruselas, las dos empresas ya sabían que las cartas de 1975 vulneraban las reglas de competencia, mantuvieron su acuerdo de reparto del mercado incluso tras la liberalización del mercado europeo del gas en agosto de 2000. Las compañías se reunieron regularmente a diversos niveles y debatieron cómo aplicar el acuerdo en el mercado liberalizado.
A juicio de la Comisión, los contactos entre las empresas tras 1999 confirman la existencia de un acuerdo ilegalúnico y continuo de reparto de los mercados. Aunque las partes declararon en agosto de 2004 que consideraban nulas las cartas desde hacía mucho tiempo, mantuvieron hasta finales de septiembre de 2005 la prohibición impuesta a Gaz de France de vender en Alemania gas transportado por MEGAL.
El Ejecutivo comunitario cree que el acuerdo "permitió a E.ON y a GDF conservar posiciones sólidas en los mercados alemán y francés del gas en el momento de su liberalización". Las empresas privaron así deliberadamente a los consumidores de gas franceses y alemanes de las ventajas aportadas por la directiva europea de 1998, es decir, más competencia en cuanto a precios y más posibilidades para elegir proveedor.