La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha señalado que Zapatero "no ha de irse de rositas" y que "si quiere que paguemos, primero que se vaya". "No tenemos por qué pagar los más débiles, los pensionistas y los ayuntamientos, por la ignorancia brutal de este hombre". De hecho, ha señalado que esta medida tendrá graves consecuencias para el consistorio ya que deberán "rehacer los presupuestos" y algunas obras no se podrán acometer, por lo que ha avanzado que no prestará los servicios que son competencias del Estado y estudiará además la legalidad de esta medida.
Barberá ha constatado que esta prohibición es "la crónica de una improvisación" ya hace sólo cuatro meses autorizó a los entes locales a endeudarse por valor de 11.000 millones y en lugar de acometer la reforma de la financiación local "hoy entra en vigor este decreto de recortes que es una auténtica salvajada, una tropelía y una injusticia para los Ayuntamientos, porque somos los que tenemos menos déficit, pero sobre todo para los vecinos, que verán mermados los servicios que les prestamos porque nos lleva prácticamente a la ruina".
Además, ha criticado que hace sólo dos días en la reunión que mantuvo en la localidad alicantina de Elx con más de 2.000 concejales no dijo nada porque "habría salido a gorrazos políticos". Por ello, ha recalcado que se trata de un decreto promulgado "a escondidas, con nocturnidad, y alevosía" y que ahora dicen "con cinismo" que la rectificación del Ejecutivo central de retrasar hasta enero de 2011 la prohibición a los ayuntamientos de endeudarse fue "un error". Por contra, ha atribuido este cambio a que "algún grupo político que necesita Zapatero para mantenerse en el Gobierno llamó anoche y entonces se descubrió el error", ha ironizado.
Consecuencia del "despilfarro" del Gobierno
En esta misma línea, ha considerado que esa "gravísima situación" es consecuencia de que "gran desorden" y "despilfarro" del Gobierno de Zapatero que "no tomó medidas ante la crisis". "Ahora nos gobiernan de fuera y nos exigen un recorte de al menos 15.000 millones", ha dicho la alcaldesa, que ha apuntado que esta cantidad podría salir de los 13.500 millones de euros invertidos en el Plan E y de los 1.300 millones de publicitarios.
Al respecto, ha recalcado que está de acuerdo con que se necesitan recortes pero ha advertido: "no vamos a pagar las culpas del nefasto Gobierno de Zapatero ni los pensionistas ni los ayuntamientos que somos los más débiles". Por ello, ha mantenido que si el presidente del Gobierno tiene "un mínimo sentido de responsabilidad" debe dimitir porque "no puede irse de rositas". "Primero que se vaya y luego pagaremos", ha apuntado.
En esta línea, ha argumentado que se trata de una medida "injusta e improvisada" porque si la Administración central es responsable del 11,4 por ciento del déficit de España y las Comunidades autónomas den 2,2 por ciento los entes locales "sólo" del 0,5 por ciento. "Somos los que menos contribuimos con mucho en el déficit del Estado y además nos mide por el mismo rasero sin tener en cuenta quién ha hecho los deberes". "Y aquí no se ha visto ni una línea sobre Gobiernos y Autonomías", ha reprochado.
Reajustes en los ayuntamientos
La primera munícipe ha enumerado las consecuencias que tendrá este decreto para el Ayuntamiento de Valencia, a pesar de que, ha recalcado, tiene sus cuentas "saneadas" ya que ha liquidado con un superávit de 40 millones, un ahorro neto positivo de 8 millones y un nivel de endeudamiento del 109 por ciento, por debajo del 110 establecido como límite legal, a pesar de la operación de crédito de 31 millones aprobado esta mañana para pagar deudas y sentencias firmes por expropiaciones.
Así, ha avanzado que tendrá que "modificar todos sus presupuestos, eliminar proyectos, y dejar de invertir con lo que se va a perjudicar la actividad económica, rescindir contratos, cerrar empresas y más paro".
Además, se reducirán las políticas fiscales, aunque ha aclarado que no va subir los impuestos y "por encima de todo" intentará que no haya despidos. Asimismo, dejará de prestar el 30 por ciento de los servicios que son competencias del Estado.
"Desde luego de devolver voluntariamente algo al Gobierno cero"
, ha asegurado Barberá. Por último, ha anunciado que estudiarán la posible ilegalidad de esta medida por atentar contra la autonomía local y la suficiencia financiera de las entidades locales y cada delegación realizará asimismo un profundo análisis de ingresos y gastos para ver qué partidas se tendrán que recortar.
En ese sentido, ha recordado que el Ayuntamiento de Valencia es "ejemplo" para los demás porque sus cargos llevan dos años con el sueldo congelado y respecto a una posible remodelación ha apuntado que no hay tantas empresas públicas municipales. Además, el primer teniente alcalde, Alfonso Grau, ha agregado que a diferencia de los consellers o de los ministros, los miembros del equipo de Gobierno local son todos concejales por lo que una disminución de delegación no supondría un ahorro.