Otros 20.000 millones se dedicarán a comprar activos a las entidades y a aportar capital para garantizar su solvencia. En total dicho Fondo dispondrá de 30.000 millones de euros.
La entidad que se acoja al plan deberá acomenter su reestructuración o fusionarse con otra.
En segundo lugar, el Estado podrá entrar en las cajas de ahorros con la compra de cuotas participativas (algo parecido a las acciones). En este caso, el Estado tendrá derecho de voto en la entidad (capacidad de incidir en su gestión) con un límite. El Estado nunca tendrá mayoría. También se ha barajado dar entrada inversores privados.
El Plan se convertirá en Real Decreto-Ley si da el visto bueno el equipo de Ministerio de Economía que dirige Elena Salgado.