La mayoría de países, entre ellos España, así como la Comisión Europea, han reiterado su oposición a la otra petición de Berlín para reforzar la disciplina fiscal: suspender el derecho de voto en las decisiones europeas a los países que incurran reiteradamente en déficit excesivo. Aún así, han encargado al presidente permanente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, estudiar la viabilidad de este castigo político, atendiendo a la demanda insistente de la canciller alemana, Angela Merkel.
Además, Reino Unido y Polonia han bloqueado las negociaciones hasta lograr que el acuerdo final refleje sus peticiones sobre cuestiones que no estaban en la agenda. Londres ha conseguido el compromiso de los 27 de que el presupuesto de la UE para 2011 y las perspectivas financieras para el periodo 2013-2020 sean austeros como ya ocurre con las cuentas nacionales de los Estados miembros. Y los Veintisiete descontarán el impacto de las reformas de las pensiones en la deuda antes de sancionar a un país por déficit excesivo como reclamaba Polonia.
Van Rompuy y el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, presentarán en diciembre un informe sobre cómo hacer permanente el fondo de rescate. Los cambios en el Tratado deberán estar ratificados por todos los Estados miembros a mediados de 2013, justo cuando expira el actual mecanismo temporal, según el compromiso alcanzado por los Veintisiete.
El presidente permanente del Consejo ha querido dejar claro que los "cambios limitados" se harán siguiendo un procedimiento "rápido" y que "no se trata de abrir" el Tratado de Lisboa ni de tener "un nuevo debate institucional" sino de "responder a una necesidad". "Es el deseo de todo el mundo tener un mecanismo de crisis y para eso hace falta una base constitucional y una base más sólida en el Tratado", ha señalado.
No a la suspension del voto
Aunque Van Rompuy estudiará también la posibilidad de suspender el derecho de voto a los infractores, esta idea tiene pocas posibilidades de prosperar porque la práctica totalidad de los Estados miembros, entre ellos España, la rechaza, y además exigiría una reforma de más calado del Tratado.
"Si el cambio del Tratado es para reducir el derecho de voto de los Estados miembros me parece inaceptable. Y no es realista, es incompatible con la idea de un cambio del Tratado limitado y nunca será aceptado por unanimidad", ha insistido el presidente del Ejecutivo comunitario, José Manuel Durao Barroso.