La Unión Europea anuncia una nueva ley contra el cambio climático. El objetivo de la Ley de Restauración de la Naturaleza es restaurar el 20% de las superficies marinas y terrestres, ya que el 81% de los ecosistemas están en mal estado. Una medida que aparece en medio de las tensiones con los agricultores, quienes están en contra de la agenda 2030.
Según la Comisión Europea, cada euro que invertimos en la naturaleza se nos devuelve entre ocho y 38 euros. Y es que la meta es plantar árboles, recuperar praderas y fondos marinos para combatir el cambio climático con esta nueva ley.
La Ley de Restauración de la Naturaleza pretende recuperar al menos el 20% de los ecosistemas terrestres y marinos degradados de la Unión Europea en 2030. Todos ellos para el 2050. El acuerdo recoge requisitos para corregir la pérdida de polinizadores, la obligación de mantener madera muerta en los bosques, no reducir espacios verdes urbanos y eliminar barreras artificiales de los ríos.
Así, la Unión Europea quiere plantar 3.000 millones de árboles, eliminar barreras arquitectónicas para recuperar el caudal de los ríos, recuperar praderas y fondos marinos para combatir el cambio climático. La ley contiene una lista actualizada de delitos entre los que se incluye el comercio ilegal de madera, el agotamiento de los recursos hídricos, las infracciones graves de la legislación europea sobre productos químicos y la contaminación causada por los buques.
La normativa contempla el 'delito cualificado', como los incendios forestales a gran escala o la contaminación generalizada del aire, el agua y el suelo, "que conlleva la destrucción de un ecosistema y es, por tanto, equiparable al ecocidio", de acuerdo con la Eurocámara. Los delitos cualificados podrían ser castigados con ocho años de prisión, los que causen la muerte de una persona con diez años, y los demás con hasta cinco años.
Así, estarán obligados a restablecer el entorno dañado y a ofrecer compensación, además de enfrentarse a multas. Para las empresas, las multas alcanzarán el 3 % o el 5 % de su facturación mundial anual o, alternativamente, 24 o 40 millones de euros, según la naturaleza del delito.