El Tribunal Supremo ha decidido por unanimidad investigar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por supuesta revelación de secretos. Según informa Isabel Sanz, será imputado por desvelar los correos que intercambió con el abogado del novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Si consideran que fue él quien lo hizo, se abrirá un juicio oral y le podría suponer desde una multa de entre un año y un año y medio hasta tres años de inhabilitación.

Álvaro García Ortiz declarará como investigado siendo todavía fiscal general del Estado, siendo la primera vez en la historia que ocurre. Así lo afirma en un comunicado tras conocer que el Tribunal Supremo cree que pudo cometer un delito de revelación de secretos por la difusión de datos sobre el presunto fraude fiscal de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador. Sostiene que no va a dimitir porque considera que es lo más prudente para la institución a medio y largo plazo.

El Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad abrir una investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y contra la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández. Todo ocurrió cuando la pareja de Ayuso, Alberto González, llevó a los tribunales la difusión de una nota en la que la Fiscalía de Madrid mostraba los correos electrónicos donde hablaban del presunto fraude fiscal por el que se le investiga.

El fiscal general reconoce que no va a dimitir, aunque va a tener presiones. Para los magistrados, el problema no estuvo en la nota de prensa en la que los fiscales de Madrid aclaraban que era Alberto González Amador quien propuso el pacto, ya que consideran que esa información era pública. "Al parecer, no hay datos indebidamente revelados en ese escrito ante el conocimiento público de los hechos", resaltan en el documento.

Lo que le cuesta la imputación a Álvaro García Ortiz es lo que ocurrió antes de esa nota de prensa. Es decir, cuando se publicaron los correos intercambiados entre el abogado de González Amador y la Fiscalía en relación con ese acuerdo. Al reconocer los delitos, el Supremo cree que se vulneró la presunción de inocencia de Alberto González.

El reconocimiento de la pareja de Ayuso de haber cometido un fraude de 350.000 euros en el impuesto de sociedades. Él se ofrecía a pagar 491.000 euros y aceptaba ocho meses de cárcel, una pena que no le habría supuesto la entrada en prisión. Ese caso, por ahora, sigue su curso en los juzgados de Plaza de Castilla. 

La imputación del fiscal general irrumpía en plena sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Según informa María Galán, el Ejecutivo cierra filas con Álvaro García Ortiz mientras los populares pedían su dimisión. "El Gobierno defiende su actuación en este caso y al frente de la Fiscalía. Entre delincuentes confesos y fiscales que dicen la verdad nos quedamos con los fiscales", declara Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España.

Desde el Gobierno, recalcan que solo estaba desmintiendo un bulo de Ayuso y, por tanto, defendiendo la verdad y persiguiendo el delito. La noticia saltó en medio de la sesión de control y la oposición no ha perdido la oportunidad de usarla en su ofensiva contra el Ejecutivo. De momento, ya hay dos asociaciones de fiscales que piden su dimisión. algunos de sus miembros estarán en la reunión convocada por el fiscal para mañana y le aconsejarán que dimita, tal y como han confirmado a Noticias Cuatro.

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