Protección de Datos defiende bajar a 13 años el consentimiento en Internet si se combina con educación sobre su uso

La directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mar España, ha defendido este martes rebajar a 13 años la edad a la que el menor puede dar su consentimiento para el tratamiento de sus datos en Internet, si bien considera que esta medida debe combinarse con educación específica en las escuelas, a su juicio, desde los cinco años.

Así lo ha indicado durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso para explicar el proyecto de ley presentado por el Gobierno en materia de protección de datos, con el que se pretende adaptar la legislación española a la directiva europea sobre este tema, y que deberá entrar en vigor el próximo mes de mayo.

Uno de los principales cambios que registra esta norma es la de permitir que los menores de 13 años puedan dar su consentimiento en Internet, una cifra que, actualmente, se sitúa en los 14 en España. Según ha indicado la directora de la AEPD, se ha decidido bajar esta cifra tras estudiar las decisiones del resto de países miembros, que, según ha explicado, en su mayoría ha elegido esta edad.

Además, España pone en valor que 13 sean los años elegidos por Irlanda y Reino Unidos, principales sedes de los más grandes servidores de Internet. La compareciente, también ha destacado que han recibido el apoyo en este sentido de UNICEF o de asociaciones españolas como 'Pantallas amigas', desde donde se les ha advertido que retrasar esta situación podría suponer un límite para el desarrollo de la personalidad de los menores.

"No es tanto un año arriba o abajo, sino gestionar consecuencias", ha respondido España a las dudas que, sobre esta decisión, ha planteado a el portavoz del PSOE en esta comisión, Artemi Rallo. A juicio de la responsable de la Protección de Datos en España, esta medida deberá acompañarse de otras "orientadas a mejorar la educación de los menores y de sus padres sobre el buen uso de Internet y de las redes sociales".

En este sentido, ha hecho un llamamiento a las comunidades autónomas para que regulen el currículum educativo, de modo que, con la entrada de esta ley en vigor, la educación en el uso de Internet llegue a los colegios y que los niños "conozcan unos mínimos" sobre esta materia antes de que accedan a grandes buscadores o redes sociales.

DUDAS SOBRE LAS AUTORIZACIONES PARA INVESTIGACIÓN

Este no ha sido el único tema que ha preocupado a los grupos. Varios de los portavoces han pedido detalles sobre lo que la nueva norma puede suponer para el sector de la investigación científica, cuyos profesionales, según han explicado los portavoces de Unidos Podemos y PP, Sara Carreño y Francisco Martínez, respectivamente, están preocupados.

En este sentido, España ha señalado que el proyecto de ley "no modifica" la situación actual, de hecho "se remite" a ella en los artículos relacionados con esta materia y con los ensayos médicos. "Incluso se hace una interpretación más flexible a la hora de acotar, no tiene que ser una línea de investigación concreta o un sector", ha indicado la directora de la AEPD, que ha puesto como ejemplo que alguien que permite ceder sus datos para investigación de un cáncer de colon, también podrán ser usados para el estudio del cáncer en general.

Entre las medidas que más afectan a los ciudadanos, está la de exigir una cantidad de deuda superior a los 50 euros para entrar en las listas de morosos, una cifra que, según España, también se decidió estudiando este aspecto en el resto de países de la UE. Por ello, no se ha mostrado reacia a aumentarla si los grupos parlamentarios así lo deciden.

ESPERANDO LOS PGE PARA TENER MÁS PLANTILLA

Esta sugerencia ha sido planteada por la diputada de Unidos Podemos, quien ha señalado que le parece poca cantidad ya que "una factura de Internet o de luz supera casi siempre los 50 euros".

Por otra parte, y cuestionada por el portavoz de Justicia de Ciudadanos, Marcial Gómez, acerca de las previsiones de la AEPD para hacer frente a esta adaptación que supone mayor carga de trabajo, la compareciente ha destacado que no cuentan con los medios "suficientes" y que se encuentran en conversaciones con el Ministerio de Hacienda para incrementar la plantilla. "Pero hasta que no haya presupuestos estoy atada de pies y manos", ha lamentado.

Como ejemplo de la situación actual de la agencia, España ha explicado que los responsables de preparar al equipo y a las plantillas en las diferentes comunidades autónomas para la implementación de esta nueva ley son tres personas. Además, ha señalado que no hay profesionales suficientes para cumplir con la programación preparada para este año. En ella destaca su propósito de retomar la inspección en temas de visados e iniciar inspecciones de oficio en el sector de la telecomunicación y a las entidades financieras. "Es la primera vez que se va a realidad una inspección de esta entidad", ha apuntado.

Finalmente, y preguntada por el portavoz de PNV en esta materia, el diputado Mikel Legarda, España ha señalado que la no aprobación de la norma en plazo tendría "consecuencias lamentables", no sólo para la gestión de la AEPD, sino para muchos procedimientos de ifracción, que ante la imposibilidad de actuar, caducarían.

La directora de la agencia ha explicado que con esta nueva ley se permite la actuación transfronteriza en esta materia y favorece que denuncias de derecho al olvido, que implican actuar fuera del país para borrar cualquier información en Internet del demandante, por lo que, en este caso, el retraso en la aprobación del texto "no garantizará el derecho" de estas personas, dejándolas bajo una "indefensión jurídica grande". "No hay plan B, necesitamos aprobar la ley para seguir funcionando", ha concluido.