La OCU recomienda descargar aplicaciones antirrobo, hacer copias de seguridad del móvil y bloquearlo en caso de pérdida

En este sentido, la organización recuerda que, a la hora de comprar un móvil, se debe solicitar la factura a fin de acreditar la propiedad del terminal con su correspondiente número de serie. Además, aconseja a los usuarios apuntar y guardar el IMEI, la huella digital o código único de 15 cifras de los móviles que los identifica.

Asimismo, la OCU sugiere a los propietarios que bloqueen la pantalla, bien a través de u código PIN o con un patrón de bloqueo, así como descargar una aplicación antirrobo como 'Buscar mi iPhone' o 'Encontrar mi dispositivo' para localizarlo en caso de pérdida o robo. El grupo ha recordado también que los usuarios pueden cifrar sus datos, en caso de que no vengan ocultos por defecto, a través de la opción 'Ajustes' del terminal.

Como forma de prevención, se insiste también en que los consumidores realicen copias de seguridad cada cierto tiempo de todo lo que guarden en sus teléfonos, incluido contactos, documentos, fotos y vídeos.

Por otro lado, en caso de pérdida o robo del móvil, la organización sugiere intentar localizar su paradero. Si esto no funcionase, la OCU aconseja llamar al operador y bloquear la SIM para impedir que se lleve a cabo un uso fraudulento del terminal o los datos que pueda incluir.

Además, a través de ciertas aplicaciones de rescate, es posible eliminar a distancia los datos, emails o mensajes, así como las contraseñas y claves de acceso. Asimismo, la organización recomienda que los usuarios denuncien la pérdida, para lo que será necesario el código IMEI, así como inhabilitar el teléfono a través del operador si consideran que no tienen oportunidades de recuperarlo.

LEY DE SERVICIOS DE PAGO

En caso de uso fraudulento del móvil, la OCU recuerda a los consumidores que están protegidos por la Ley de Servicios de Pago. Según esta ley, si el móvil almacena los datos de la tarjeta de crédito o de débito o dispone de aplicaciones para el pago, el usuario es responsable de los cargos que le hayan hecho por uso fraudulento hasta un límite de 150 euros.

Según la OCU, este límite debería haberse reducido a 50 euros a partir del 13 de enero de 2018 pero afirma que el Gobierno ha incumplido el plazo de trasposición de la normativa europea que lo regula, por lo que asegura que se deberá esperar a que se apruebe la nueva ley del mercado de servicios de pago.

Por último, en caso de que la entidad no quiera hacerse cargo de las cantidades defraudadas, la organización sugiere reclamar ante el servicio de atención al cliente del banco, y recuerda que algunas entidades financieras ofrecen seguros asociados a las tarjetas con cobertura por uso fraudulento.