El Gobierno trabaja en contratos indefinidos para investigadores de fundaciones y consorcios para frenar la temporalidad

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano, ha anunciado este miércoles en el Pleno del Congreso que el Gobierno se encuentra trabajando en la contratación indefinida para investigadores de fundaciones y consorcios públicos para reducir la "alta" temporalidad.

"Estamos trabajando en nueva modalidad de contratación indefinida ligada a la financiación externa para investigadores de fundaciones y consorcios del sector público", ha dicho Escolano, que dice que el objetivo de esta medida es "solucionar los problemas asociados a la alta temporalidad en los contratos de los investigadores".

Así lo ha indicado en respuesta a una interpelación urgente planteada por la diputada del grupo Unidos Podemos Rosa Martínez, en la que ha preguntado sobre la situación del bloqueo administrativo y financiero de la investigación pública en España.

ESTATUTO PERSONAL INVESTIGADOR EN UN MES

Durante su intervención, Escolano también ha informado de que el Gobierno tiene "avanzado" el Estatuto del Personal Investigador en Formación, texto que estará "cerrado a final de este mismo mes" y que permitirá "homogeneizar las retribuciones de todo el personal investigador y funcionario de la escala científica", lo que "premiará la excelencia, la calidad y la mejora continuada en los procesos".

"Debemos asegurarnos de que el sistema cuenta con los mejores profesionales, las mejores condiciones y la mejor financiación", ha resumido Escolano las prioridades del Gobierno en materia de I+D+i.

El ministro ha señalado que el Gobierno pretende seguir trabajando "en muchos frentes", entre los que se encuentra la reducción de las "cargas administrativas", solucionar la temporalidad en los contratos de los investigadores y garantizar una financiación "suficiente" del sistema español.

TRABAS ADMINISTRATIVAS

Con respecto a la eliminación de las "trabas administrativas" en el sistema de ciencia, ha hecho hincapié en la necesidad de que los investigadores tengan "un ambiente lo más favorable y sencillo posible", y ha reconocido que la existencia de normas y de su cumplimiento "no debe poner en peligro la competitividad de los centros ni ser una carga difícil de sobrellevar".

Para ello, el ministro ha asegurado que se deben evitar "trámites que no otorgan ningún valor", como es el caso de la fiscalización previa que se aplican, según la legislación actual, a fondos captados por los OPI en convocatorias tanto nacionales como internacionales, que ya de por sí cuentan con sus propios mecanismos de control.

En este sentido, destaca que el proyecto de Presupuestos para 2018 presentado por el Gobierno 2018 incluye una disposición final que modifica la Ley General Presupuestaria "para acotar la fiscalidad previa en determinados casos", de modo que así la Intervención General podrá proponer al Consejo de Ministros que aplique el control financiero permanente a determinados expedientes de gasto de órganos, organismos y organismos autónomos cuyas actividades lo justifiquen, como sería el caso de los centros de actividad científica.

"Esto abriría la puerta a una mayor flexibilidad para la contratación de personal y de servicios y en la gestión del día a día", ha valorado Escolano, que apunta que este mecanismo ya se aplica en el CSIC, el principal OPI en España.

Además, ha avanzado que el Gobierno está estudiando la aplicación a los OPI de un régimen simplificado de justificación de los gastos para algunas partidas vinculadas con ayudas concedidas, en particular por la Agencia Estatal de Investigación, ya que ésta también tiene sus propios cauces de control.

Precisamente, ha puesto a la Agencia Estatal de Investigación como ejemplo de "aligeramiento burocrático". Según ha apuntado el ministro, también es está trabajando en un manual de procedimientos básicos de gestión para esta Agencia.

Durante el debate, el ministro ha señalado la responsabilidad de todos en la concesión y el control del uso de fondos públicos. "Hay que tener en cuenta que los OPI y los científicos gestionan y manejan fondos públicos, eso implica que todos debemos ser responsables en el momento de conceder los fondos como a la hora de controlar el uso que se dan a los mismos", ha afirmado Escolano.

Esta afirmación ha sido criticada por la diputada morada. "Viene usted del partido de la Gürtel, la Púnica, los sobres en B, apliquémonoslo a todas las organizaciones, no se atreva a sembrar la duda sobre los investigadores del sistema público donde no ha habido ni un caso de malversación de fondos públicos", ha dicho arrancando aplausos de parte del hemiciclo.

Para Martínez, la norma "más lesiva" para el sistema científico es que, desde 2014, "cualquier gasto debe contar con autorización previa para los OPI", según dice la diputada, que ha criticado que Hacienda "no quiere hacer excepciones", pues en su opinión, "no atiende ni a lo específico ni a la gestión de la investigación, ni a la situación normativa de los OPI". "Su conservadurismo no nos permite avanzar como país", ha añadido.

SITUACIÓN DE "EMERGENCIA"

La diputada 'morada' ha reclamado al Gobierno la necesidad de un "sistema estructural" de ciencia, "más allá de pequeños parches". "Los OPI no pueden esperar más, están en una situación de emergencia", ha instado Rosa Martínez, que ha recordado al titular de Economía que "tiene ojos en la cara para ver".

Por ello, Martínez ha pedido a Escolano que se reúna "personalmente con los OPI para escuchar sus necesidades, valorar sus propuestas y pelearlas en el Consejo de Ministros desde mañana mismo".

Durante la réplica, el ministro ha insistido en que se muestra "dispuesto a revisar los mecanismos de financiación", que opta por el "reformismo" y que tiene "ánimo de hacer cambios en lo que sea necesario", pues, como ha reiterado, tiene un "compromiso personal muy estrecho con el sistema español de ciencia".

No obstante, ha afirmado que "el problema en España no está tanto en el gasto público, sino en la absorción de los sistemas de recursos del sistema privado", por lo que sostiene que hay que impulsar la I+D empresarial.

Finalmente, Escolano ha concluido que los Presupuestos para 2018 "demuestran que la I+D+i es una prioridad política" para el Gobierno de Mariano Rajoy.