Aprobada la norma que elimina el consentimiento tácito o la omisión para el uso de datos personales

Según el ministro de Educación, Cultura y Deporte, y portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, este proyecto se aprueba para ir "acomodando la legislación española a muchas de las figuras y de los mandatos" contenidos en Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

"En los últimos años, en el ámbito de la Unión Europea y en línea del artículo 18.4 de la Constitución se ha trabajado para lograr una regulación más uniforme del derecho de protección de datos de carácter personal", ha explicado Méndez de Vigo.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, ha recordado que fruto de ello nace el Reglamento 679/2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

Así, el ministro ha indicado que este reglamento es de aplicación "directa e inmediata", aunque no entrará en vigor hasta el 25 de mayo de 2018. Además, ha adelantado que el proyecto de ley tiene por objetivo "el aumento de la seguridad jurídica conservando la posibilidad de que el tratamiento de datos se encuentre amparado en una ley".

Entre las medidas que incorpora la nueva norma, según ha detallado el portavoz del Ejecutivo, se permitirá a los herederos solicitar acceso a datos de personas fallecidas, así como su rectificación o supresión; desaparecerá el consentimiento tácito o por omisión, que implicaba que los datos serían usados salvo que se manifestase la negativa de forma expresa y, en cambio, se exigirá una acción "afirmativa y expresa" por parte del afectado.

EDAD DE CONSENTIMIENTO: 13 AÑOS

La ley implicará además adelantar un año la edad de consentimiento de tratamiento de datos personales, hasta los 13 años, una medida que pretende homologar la legislación española a la de otros países de su entorno, según el Gobierno.

Del mismo modo, se recoge en el texto la denominada información por capas; y se establece la prevalencia del "interés legítimo del responsable del tratamiento de los datos" en el cumplimiento de algunos requisitos en herramientas como los sistemas de información crediticia; la videovigilancia o los sistemas de exclusión publicitaria (como la lista Robinson), una condición que también se aplicará a las estadísticas públicas y a las denuncias internas en el sector privado.

La norma pretende además impulsar la figura del delegado de protección de datos (que podrá ser una persona física o jurídica) que mantendrá relación con la AEPD (Agencia Española de Protección de Datos) en nombre de su entidad. También se constituye a la AEPD como "autoridad administrativa independiente" vinculada al Gobierno a través del Ministerio de Justicia pero con competencia para cooperar y coordinarse con las instituciones autonómicas de manera directa.

En este sentido, promoverá la creación de mecanismos de autorregulación en otras instituciones y organismos públicos y privados e introduce la "obligación de bloqueo" para evitar el borrado de datos para ocultar un incumplimiento de las obligaciones de protección, cuando lo requiera un tribunal, el Ministerio Fiscal u otras autoridades competentes (como la AEPD).

"Un proyecto que nos equipara con Europa, que refuerza también la seguridad jurídica y la transparencia, y adapta el artículo 18.4 de la Constitución a la realidad actual de la protección de los datos personales", ha resumido el portavoz del Ejecutivo, aunque aclara que algunas cuestiones exigidas por la normativa comunitaria deberán ser desarrolladas de manera concreta en el reglamento de la AEPD.