La Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado a Facebook en tres ocasiones en los últimos siete meses

En concreto, la Agencia resolvió el primero de estos tres expedientes en agosto de 2017, imponiendo a la red social una sanción de 1.200.000 euros por no informar apropiadamente y, por tanto, no tener el consentimiento necesario para el tratamiento de datos; por tratar datos especialmente protegidos sin obtener el consentimiento expreso; y por conservación excesiva de datos.

En octubre de ese mismo año, según han indicado a Europa Press fuentes de la AEPD, la autoridad estatal impuso de nuevo a la compañía de Mark Zuckerberg una sanción de 150.000 euros por una infracción del artículo 10 (Deber de Secreto), al constatar que el servicio de chat de Facebook permite que terceras personas puedan ver permanentemente el ritmo y acciones de conexión de cualquier usuario declarado como "amigo", sin que el usuario pueda tomar ninguna acción al respecto.

La última vez que la red social fue castigada por incumplir la legislación española fue el pasado mes de marzo de 2018, cuando la Agencia le impuso una sanción de 300.000 euros por el tratamiento de datos sin consentimiento.

Ahora la compañía estadounidense podría ser sancionada de nuevo ya que la Agencia Española de Protección de Datos ha abierto actuaciones de investigación a Facebook con el objetivo de analizar la posible afectación de usuarios españoles en el robo de datos de usuarios de la red social, en el marco del escándalo de la consultora británica Cambridge Analytica.

En España, los cálculos de la empresa fundada por Mark Zuckerberg, sitúan el número de personas que instalaron la app 'Thisisyourdigitallife' en 44 y hasta un total de 136.985 personas pueden haber resultado afectadas por la filtración de datos.

Fuentes de la AEPD consultadas por Europa Press, han aclarado que la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) establece "un plazo máximo de doce meses para la realización de esas actuaciones previas y, en el caso de que los indicios fueran suficientes y se abriera un procedimiento sancionador, la resolución ha de dictarse en un plazo máximo de seis meses desde que este último se iniciase".