El teléfono contra el acoso escolar detecta 8.846 posibles casos desde su puesta en marcha

El año 2017 acaba con 8.846 posibles casos de 'bullying' detectados a partir de las 25.888 llamadas al Teléfono contra el acoso escolar 900018018 que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte puso en funcionamiento el 1 de noviembre de 2016.

Estos son los últimos datos del Gobierno, a los que ha tenido acceso Europa Press, que reflejan que se han trasladado más de 8.800 casos a la Polícia y Guardia Civil, Fiscalía de menores, Inspección educativa de las diferentes comunidades autñonomas o los centros en los que se han producido los conflictos, en función de la gravedad de los mismos.

Este recurso gratuito, atendido por una veintena de profesionales, las 24 horas del día y los 365 días del año, se puso en marcha el 1 de noviembre de 2016. El Gobierno se ha gastado durante este año 100.000 euros en promocionarlo en prensa y televisión.

El pasado mayo, cuando se cumplían seis meses de la puesta en marcha de este servicio, el Ministerio de Educación informó de que había trasladado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 74 casos y otros 156 a la Alta Inspección educativa para que fueran investigados. Sin embargo, para el conjunto del año todavía no tiene un recuento en este sentido.

El ministerio tampoco ha publicado hasta el momento ningún análisis de la información recabada a través de este servicio, como dijo que haría cuando presentó el teléfono contra el acoso escolar en octubre de 2016.

Hasta ahora, sólo hay un estudio realizado por la empresa adjudicataria del servicio, Alcalá BC, que ha analizado las 15.000 llamadas recibidas los seis primeros meses de funcionamiento del teléfono. De este análisis se desprende que el 61% de las llamadas las realizaron las madres de los alumnos que sufren 'bullying' y solo el 4% las propias víctimas.

El teléfono contra el acoso escolar del Gobierno es una de las 70 medidas de su Plan Estratégico de Convivencia Escolar, cuyo borrador presentó el titular de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, en enero de 2016 al Consejo de Ministros.

Otras iniciativas, como el Registro Estatal de la Convivencia, con el que el Gobierno pretende recoger los datos estadísticos de todo el territorio nacional, no se ha puesto en marcha aún. Los últimos datos del Ministerio de Educación sobre la incidencia de este problema en las aulas españolas son de 2010 y revelaban que este problema afecta al 4%.

Esta cifra contrasta con estudios recientes de ONG, fundaciones y la propia OCDE, pues elevan este porcentaje como consecuencia del uso generalizado de las redes sociales e Internet por los niños y adolescentes, que ha agravado el problema, ya que la situación de acoso sobrepasa los límites físicos del centro escolar.

REFORMA DEL OBSERVATORIO EN 2018

También en el ámbito del acoso y la violencia escolar, 2017 acaba como los cinco años anteriores, ya que el Ministerio de Educación no ha convocado el Observatorio de Convivencia Escolar, creado hace diez años. La última vez que se reunió este órgano consultivo fue en 2011, con el último Gobierno socialista.

El departamento de Íñigo Méndez de Vigo anunció la reforma de la norma que regula este Observatorio, con la reducción a casi la mitad de sus miembros, ya que en la actualidad está compuesto por 70, aunque su Comisión Permanente está integrada por 21.

Este órgano lo preside el ministro de Educación y está formado por varios miembros de su departamento, representantes de las 17 comunidades autónomas, de la Federación Española de Municipios y Provincias, sindicatos de enseñanza, patronales de centros privados y concertados, asociaciones de padres de alumnos, organizaciones de estudiantes, personalidades de reconocido prestigio, representantes de otros ministerios y secretarías de Estado y defensores del Pueblo estatal y autonómicos.

En el Plan Anual Normativo de 2018, aprobado el pasado jueves 7 de diciembre en el Consejo de Ministros, el Gobierno señala que no sólo va a modificar la estructura del Observatorio de Convivencia Escolar, sino las funciones del mismo "para conseguir una mayor operatividad y adaptar su actividad al Plan de convivencia escolar".