Los sindicatos médicos reclaman más medidas normativas y de seguridad para protegerles de las agresiones

Con motivo del Día Nacional contra las Agresiones a Sanitarios que se celebra este jueves, 16 de marzo, esta organización reclama en un comunicado que el estatus de autoridad pública a los médicos debería ampliarse para proteger, no sólo a los profesionales que tienen la condición de funcionarios públicos, sino también a personal laboral y profesionales que ejercen en la sanidad concertada y privada.

Asimismo, han reclamado que la interpretación y desarrollo normativo de esta condición, que se incluyó en 2015 en una reforma del Código Penal, contemple las agresiones verbales y otras conductas de vejación o menosprecio que muchos médicos sufren a diario en sus consultas y que también deberían ser perseguibles de oficio, a la hora de ser aplicado por las Fiscalías y Administraciones autonómicas.

La CESM también pide que se unifiquen criterios en la esfera judicial para que las agresiones sean "penadas por el mismo rasero" en todas las comunidades y que los procedimientos judiciales sean "rápidos, expeditivos y ejemplarizantes", y que se conceda la presunción de veracidad al profesional denunciante cuando no haya testigos por medio.

En cuanto a la prevención, denuncian que la masificación de la asistencia provocada por el recorte en recursos humanos y técnicos, o la falta de dispositivos de seguridad en los centros (vigilantes de seguridad cuando sea preciso, cámaras, interfonos y timbres de alarma, 'softwares' específicos en ordenadores y teléfonos móviles, etcétera).

En ese sentido, recuerda que sigue pendiente la elaboración de planes y protocolos integrales de prevención que sean uniformes en todas las comunidades autónomas para dotar a los profesionales de la sanidad de las medidas de seguridad y la formación necesarias para minimizar las posibles agresiones que puedan sufrir en sus centros de trabajo.

Asimismo, la CESM pide que las distintas administraciones públicas dispongan el asesoramiento legal, la defensa jurídica por expertos penalistas y la asistencia sanitaria y psicológica a los facultativos víctimas de cualquier tipo de violencia, ya que ha de ser la Administración quien persiga de oficio a los agresores.