La sanidad privada pide al Gobierno que tome medidas para evitar la ley de concertación de la Generalitat Valenciana

La patronal considera que la Ley 7/2017, de 30 de marzo, sobre acción concertada para la prestación de servicios a las personas en el ámbito sanitario conlleva la "exclusión de las entidades privadas de salud con ánimo de lucro de la actividad concertada".

ASPE acudió en junio al Defensor del Pueblo para que interpusiera un recurso de inconstitucionalidad sobre dicha norma, pero en la respuesta recibida de la Institución precisan que es el Gobierno central quien debe valorar si la norma autonómica invade competencias estatales.

"En supuestos como el presente, en que la eventual tacha de inconstitucionalidad se circunscribe a la invasión de competencias del Estado por parte de una comunidad autónoma, la institución del Defensor del Pueblo tiene como criterio no intervenir haciendo uso de su legitimación para interponer recurso de inconstitucionalidad (...) ya que, de acuerdo con el art. 32 de la LOTC, para la defensa de sus propias competencias está legitimado el Presidente del Gobierno", según el escrito del Defensor del Pueblo.

Por ello, ha añadido la presidenta de ASPE, Cristina Contel, "es el Gobierno el que debería pronunciarse al respecto", recordando además que el Gobierno aún no ha incorporado al ordenamiento jurídico español la Directiva europea 2014/24/UE sobre contratación pública.

Además, ASPE reconoce que el Defensor del Pueblo ha elaborado una serie de "recomendaciones" basadas en la aprobación de un reglamento de desarrollo de la ley valenciana, dirigidas a establecer un plan de control del proceso de adjudicación de los conciertos sanitarios y propiciar el cumplimiento de los principios de transparencia, no discriminación, publicidad suficiente del procedimiento de concierto y vigilancia de la prestación de los servicios.