Los responsables de Universidad de todas las CCAA acuerdan pedir al Gobierno que prorrogue un año la Selectividad

Los directores generales de Universidad de todas las comunidades autónomas han acordado pedirle al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que prorrogue un año la actual Selectividad, ya que la evaluación final de Bachillerato de la LOMCE todavía no se ha definido y el curso ya ha comenzado.

"Por lo que atañe exclusivamente a esta necesidad de establecer un acceso común, y en vista de que la implantación de la evaluación final de Bachillerato tendrá lugar con el curso ya avanzado, resulta preferible prorrogar el actual sistema de PAU", señalan en un documento suscrito por todos el pasado 4 de mayo en Valladolid, adelantado por 'El País', y al que ha tenido acceso Europa Press.

Para estos directores generales, la moratoria debería ser "al menos" de un curso académico. Este argumento, su juicio, "se ve reforzado" por el hecho de que la 'reválida' tiene este curso 2016-2017 un carácter transitorio y no tiene efectos académicos para obtener el título de Bachillerato.

Si el Ministerio finalmente no atiende a esta petición de prórroga, los responsables autonómicos le piden que por lo menos la evaluación se asemeje "lo más posible" a la PAU en cuanto a estructura y organización.

Asimismo, instan al departamento de Méndez de Vigo a que quede de forma "suficientemente explícita" que se trata de una prueba obligatoria este curso, pero exclusivamente para el acceso a la Universidad y que quienes no aspiren a matricularse en un grado universitario tengan la posibilidad de no presentarse.

Sobre la financiación de la prueba, los directores generales subrayan en este documento que el nuevo Bachillerato de la LOMCE "complica la logística y encarece el coste" de estas pruebas de acceso a la Universidad, ya sea la PAU o la evaluación final.

Advierten de que este sobrecoste recae en las comunidades autónomas "sin que el Ministerio de Educación haya previsto la debida financiación". Por ello, insta al Gobierno a que garantice la viabilidad económica de estos exámenes éste curso académico y en el futuro. "Sin la garantía de soporte financiero difícilmente las autonomías podrán hacer frente a la organización de la prueba", alertan.

Por todo ello, reclaman al ministro a que convoque a las comunidades autónomas para explicar el desarrollo de la evaluación final de Bachillerato porque son ellas las responsables de implantarla y de negociar con las universidades, familias y la comunidad educativa. "Las comunidades autónomas son las que deben afrontar las dificultades que se han expresado en este documento", concluyen.