Prorrogada la instrucción del accidente del Alvia en Angrois

En un auto con fecha de 6 de junio, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez establece que este nuevo plazo "se considera suficiente para poder concluir la presente instrucción".

A finales de mayo, el fiscal jefe de Santiago, que se encarga principalmente del caso desde la marcha de Antonio Roma, solicitó esta prórroga por la "probable" ampliación de la causa, con "numerosas" diligencias solicitadas "además de nuevos encartados".

En su escrito, Lago hace "propios los motivos expuestos por el Ministerio Fiscal", tras indicar que están "pendientes de práctica aquellas diligencias de investigación de naturaleza indispensable".

Y es que el magistrado expone que "es necesario resolver" sobre las nuevas diligencias que pidieron las partes --nuevas imputaciones por parte de las víctimas y documentación el abogado del maquinista, entre otras--.

Pero, "para ello", subraya, "resulta esencial saber antes" si el recurso de apelación interpuesto en su día contra el auto por el que se imputa a quien fuera director de seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, "resulta o no estimado".

"En función de ello, también habrá de variar el contenido de la resolución por la que se decida qué diligencias han de practicarse de entre las múltiples propuestas por las partes", apunta el instructor.

Investigación y recurso

El juez atribuye a Cortabitarte 80 supuestos delitos de homicidio y 144 de lesiones por imprudencia profesional grave, por no cumplir los requisitos relativos a la evaluación de la peligrosidad en la vía, en la línea Ourense-Santiago, donde se produjo el descarrilamiento el 24 de julio de 2013.

Por su parte, el abogado del alto cargo --hoy en día reubicado en la Subdirección de Gestión Logística de Aprovisionamiento-- alegó que "no es Adif quien autoriza la puesta en servicio de una línea, sino la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento", y también derivó responsabilidades hacia Ineco.

También el propio administrador de infraestructuras ferroviarias presentó recurso, esgrimiendo que "ni jurídica ni técnicamente era aplicable la normativa europea que habría exigido una evaluación de riesgos distinta".