La ratio de pobreza infantil y juvenil duplica la de ancianos tras la crisis en España

La ratio de pobreza en niños y jóvenes españoles ha duplicado la de los mayores de 64 años durante la crisis, y desde 2005 ha pasado de tener tasas similares a ser tres veces superior (un 207% más) en 2015 en el caso de la pobreza juvenil respecto a la de mayores, y 2,44 veces en el caso de los niños respecto a los ancianos, lo que representa un 144% más.

Así lo refleja el estudio 'Evolución comparada de la pobreza infantil, juvenil y de los mayores en Europa', impulsado por el Observatori Social de La Caixa, y a cargo del profesor de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid Juan J. Fernández, ha explicado el autor a Europa Press.

Esta proporción --a la que se llega dividiendo la tasa de pobreza infantil y la de jóvenes por la de la pobreza en mayores-- refleja la justicia intergeneracional de los países europeos y, al compararla en el tiempo, revela tres grupos: junto a España, hay países en los que las ratios están cerca de duplicarse, como Francia (actualmente en 2,25 en niños y 2,63 en jóvenes), Reino Unido (1,72 y 1,84) y Grecia (1,68 y 1,83).

La crisis económica y su efecto en el poder adquisitivo de padres con hijos ha influido en esta divergencia entre ambas pobrezas, pero sus causas son más complejas e incluyen un segundo efecto menos conocido.

"Los ingresos de los jubilados han continuado aumentando", porque las carreras de cotización se han ido expandiendo, la entrada de las mujeres en el mercado --ahora jubiladas-- y las pensiones no contributivas, ha afirmado Fernández.

En un segundo grupo de países, como Polonia e Italia, las ratios han aumentado moderadamente, mientras que en un tercer grupo han disminuido, como es el caso de Suecia y Alemania, sobre los que ha destacado que tuvieron menos impacto de la crisis, las familias con hijos vieron una reducción de ingresos "mucho más atenuada" y han hecho programas específicos para jóvenes más generosos que en España.

DIVERGENCIA ACENTUADA EN ESPAÑA

Las sociedades europeas no están distribuyendo riqueza y riesgos económicos de modo coherente con la equidad intergeneracional, ha concluido Fernández, que ha alertado de la divergencia entre la pobreza de menores y la de ancianos en España es de las más grandes de Europa, superando a Grecia, pero no hay conciencia de que ocurra.

En su opinión, España debería iniciar "un amplio debate publico sobre la situación económica de los niños y jóvenes", que han visto aumentar su infraprotección, y tener en cuenta que ésta tiene consecuencias a corto plazo en su bienestar, pero también en la productividad y el capital humano del país a largo plazo.

"Lo interesante es que esto no da lugar a un conflicto generacional explícito, sino que está ampliamente aceptado", y la población en general es favorable a un sistema publico de pensiones, tanto por la percepción de que son merecedores de mucha protección porque han contribuido a la sociedad durante muchos años, así como por la vulnerabilidad, ante el hecho de que hay un grupo de mayores de 80 años en situación de dependencia muy intensa.

También hay "una trayectoria cultural de largo recorrido que asocia a mayores con pobreza", vinculada al periodo predemocrático y a la industrialización, cuando las pensiones eran bajísimas, mientras que en la actualidad el grueso de jubilados ha visto mantener sus ingresos durante la crisis y ha ayudado a su entorno familiar, generando una redistribución de la riqueza interna.

Ha propuesto políticas públicas para los grupos de niños y jóvenes, así como ayudas familiares específicas y más cobertura de desempleo para lograr "atenuar de forma importante" las tasas de pobreza infantil y juvenil.

RENTA GARANTIZADA

Al ser preguntado por la renta garantizada de ciudadanía (RGC) que se prevé implantar en Catalunya, ha afirmado que sería un mecanismo que cambiaría la situación, permitiendo aumentar los ingresos de personas con vulnerabilidad.

Sobre la posibilidad de que ésta sea compatible con rentas de trabajo parcial, ha defendido que tendría que poder complementarse, con el objetivo de "incentivar el vínculo con el mercado laboral", mejorar la situación económica de personas en situación de exclusión y, a la vez, se evitaría la estigmatización y la pérdida de autoestima que implica no trabajar.