Las personas con discapacidad podrán ser jurado popular dentro de un mes

Concretamente, esta normativa restringía e impedía el desempeño de la función de jurado a quienes estuvieran "impedidos física, psíquica o sensorialmente", pese a que el artículo 125 de la Constitución Española recoge esta participación en el ámbito de la Justicia para todos los ciudadanos.

Además, la 'Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad' de la ONU entró en vigor en España el 3 de mayo de 2008, pero no ha sido hasta finales de 2017, nueve años después, cuando el legislador español modificara esta ley orgánica para cumplir con sus compromisos y obligaciones internacionales.

La modificación de la ley se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado 14 de diciembre. Allí se establecían dos meses para su entrada en vigor, un plazo acordado por los grupos parlamentarios para que las administraciones adapten sus recursos a la nueva normativa, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio de Justicia.

La reforma permitirá ser miembro de un tribunal de jurado a cualquier persona que cuente con "la aptitud suficiente para el desempeño" de esta función. Así pues, dicha disposición legal queda redactada de la siguiente forma: "Las personas con discapacidad no podrán ser excluidas por esta circunstancia de la función de jurado, debiéndoseles proporcionar por parte de la Administración de Justicia los apoyos precisos, así como efectuar los ajustes razonables, para que puedan desempeñar con normalidad este cometido".

"Existía una discriminación intolerable para el colectivo", señala el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia en un comunicado, en el que advierte de que esta Convención de Naciones Unidas establece que los Estados miembros "deben de asegurar que estas personas tengan acceso a la Justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluido el ajuste de los procedimientos para facilitar su desempeño en las funciones efectivas como participantes directos e indirectos".

En la misma línea, el CERMI subraya que ahora es la Administración de Justicia la que tiene la obligación, no solo de admitir a las personas con discapacidad, sino de proporcionarles medios y apoyos para poder efectuarlo.

"Materialmente, una Administración tan menesterosa como la de Justicia tendrá problemas sobre todo al principio, para atender esta obligación, de manera que persistirán barreras e impedimentos, pero el deber legal es claro y podrá exigirse", ha indicado e Europa Press el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez-Bueno.

Esta organización fue la que alertó de la situación de discriminación que estaba viviendo el colectivo en esta materia y presentó sus preocupaciones a los grupos parlamentarios para intentar solucionar el problema.