El 'laberinto burocrático' de la CCAA dificulta aún más la atención sanitaria a 'sin papeles'

Así lo pone de manifiesto el informe 'Un año de exclusión sanitaria, un año de desobediencia', de la plataforma 'Yo sí Sanidad Universal', en el que se recogen los diferentes criterios de algunas comunidades autónomas a la hora de atender en la sanidad pública a personas en situación irregular y los obstáculos que se han producido al atender a embarazadas, menores y en Urgencias, supuestos que sí están contemplados en la Ley.

El 1 de septiembre del pasado año entraba en vigor la norma del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria pública, que supuso dejar sin tarjeta sanitaria a más de 150.000 inmigrantes en situación irregular en España.

La medida formó parte de la reforma sanitaria impulsada por la titular del departamento de Ana Mato, y, en palabras de la responsable ministerial, buscaba garantizar "un mayor control y transparencia" de la cobertura sanitaria en el SNS con cargo a fondos públicos.

Desde entonces se ha criticado desde distintas plataformas sociales y sanitarias la dificultad en su aplicación, avisando de sus posibles repercusiones futuras, entre ellas la aparición de desigualdades entre las distintas comunidades autónomas que, como advertía la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), podría provocar incluso un efecto llamada a otras CCAA por parte de los inmigrantes.

La situación es dispar, atendiendo al informe 'Un año de exclusión sanitaria, un año de desobediencia', que muestra la aplicación de la norma en cinco comunidades (Cataluña, País Vasco, Extremadura, Andalucia y Comunidad Valenciana) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Así, en Cataluña, dónde se da cobertura a personas sin autorización de residencia estableciendo el requisito de un mínimo de tres meses de empadronamiento continuado. Por tanto, quedan excluidos aquellos que no cumplen estas premisas, los que no presentan documento identificativo y los que no tienen permiso de residencia pero tengan ingresos superiores a la Renta de Inserción Mínima.

País Vasco y Extremadura amplían el empadronamiento hasta el año y los seis meses, respectivamente, además de que la comunidad norteña exige documento acreditativo y renta inferior a la básica en la comunidad, tras lo cual se entrega a la persona la tarjeta sanitaria. El gobierno extremeño demanda la no existencia de convenio especial, renta inferior y no tener posibilidad de exportabilidad del derecho desde el país de origen.

Mientras, otras como Comunidad Valenciana y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla presenta complejidades, ya que la primera provoca "ambigüedad" ya que facilita una tarjeta para personas sin recursos -- expedida a 'sin papeles'--, que recoge la obligación de atención "a todo el mundo", lo que provoca que "cada cual lo interprete a su manera". Por su parte, en Ceuta y Melilla se fijan precios a las actuaciones en partos, extremo "expresamente prohibido".

En Andalucía es donde se observa la situación más halagüeña para este colectivo, y es que el procedimiento es idéntico al anterior al decreto, se expide una autorización de asistencia de un año de vigencia tras presentar identificación. Sin embargo, la plataforma reclama más información para los centros, pues se han dado diversas incidencias y trabas durante este primer año de vigencia de la reforma.

LA BARRERA EN LA ATENCIÓN

El Real Decreto que dejaba fuera de la condición de asegurado los inmigrantes que estaban en situación irregular o 'sin papeles', sólo garantiza y se hace cargo de la asistencia de urgencia, por enfermedad o accidente, la atención por enfermedades transmisibles, en el embarazo, parto y postparto y la asistencia sanitaria completa si son menores de 18 años.

Sin embargo, incluso en los casos en los que se garantiza la asistencia muchas veces los inmigrantes irregulares no son atendidos. Así, la ONG Médicos del Mundo ha documentado hasta 1.000 casos de inmigrantes excluidos del control médico en España en situaciones que deberían recibirla.

Las situaciones más habituales detectadas por la organización han sido las de personas con enfermedades crónicas sin controles periódicos (incluido el cáncer) y que sufren interrupciones en sus tratamientos, además de pacientes con patologías transmisibles (como VIH o tuberculosis) para las que, afirman, no se han activado los protocolos correspondientes o con enfermedades mentales sin seguimiento.

Asimismo, denuncia la exigencia de firmas de compromisos de pago o los intentos de facturación en urgencias, contraviniendo lo establecido en la propia legislación, ha sido otra de las situaciones más habituales; así como casos de mujeres embarazadas sin seguimiento médico durante la gestación, niños y niñas a las que se ha negado la Atención Primaria y personas trasplantadas a las que se ha exigido abonar íntegramente los medicamentos antirechazo imprescindibles tras la operación a la que habían sido sometidos.

El no cumplimiento en ocasiones está suponiendo que se estén "multiplicando los efectos" de esta reforma, y es que las personas "tienen que recorrer ventanillas y rellenar papeles", teniendo en cuenta lo que supone esto "para un enfermo". Por ello, la psicóloga Verónica García miembro de 'Yo sí Sanidad Universal', considera que esta burocracia "dificulta e impide su derecho".

LA POSTURA DE SANIDAD

En los últimos meses, y, sobre todo, desde la muerte del senegales Alpha Pam por tuberculosis en Baleares, la ministra ha tenido que defender la norma recordando que la atención sanitaria "está garantizada" a "todos los ciudadanos" en España.

Asimismo, ante la denuncia de la exclusión de los ciudadanos extranjeros en situación administrativa irregular del SNS, ha mantenido que "todos los ciudadanos tienen derecho a la sanidad de urgencia y están sujetos a todas las necesidades sanitarias" y, por lo tanto, "no hay ningún problema de ese tipo".