La gestación subrogada, a debate tras al conflicto de 30 familias españolas bloqueadas en Ucrania

Esta semana nos enterábamos de que 30 familias españolas estaban bloqueadas en Kiev, en Ucrania, con sus bebes nacidos por gestación subrogada. Las autoridades españolas aseguran que ha estado paralizada la inscripción para los niños que puedan venir a España porque se están investigando malas prácticas e incluso tráfico de niños en algunas clínicas de reproducción asistida en Ucrania. Pero muchas parejas sospechan que el Gobierno español no tiene voluntad de ayudarles porque está en contra de la gestación subrogada.

Un método reproductivo que despierta opiniones muy encontradas y también sombras de sospecha por la explotación a la que pudieran estar sometidas las madres gestantes en algunos países.

Con la gestación subrogada se abre el debate sobre si sería mejor legislarlo o si esto alimentaría la explotación de las mujeres pobres. Sus detractores están en contra ya sea de forma altruista o retribuida. Ponen el límite en los derechos humanos. Si se puede vender el cuerpo de esta mujer para gestar, ¿por qué no vender también los órganos? Señalan una alternativa: en España hay 18 000 niños esperando a ser adoptados. La vía para satisfacer ese deseo es la adopción.

Entre los partidarios defienden que no se puede extrapolar una realidad a una mala práctica y apelan a la libertad individual. Acusan a los detractores de puritanismo y de querer imponer al resto de mujeres lo que deben y no deben hacer con su cuerpo. “Es puritanismo disfrazado de feminismo”, afirma Antonio Vila-Coro, vicepresidente de ‘Son Nuestros Hijos’.

Una práctica que actualmente es legal en Estados Unidos, Canadá, Portugal, Grecia, Ucrania, Georgia y Rusia. En España, la legislación entiende que estos contratos, con o sin precio, son nulos de pleno derecho. Y castiga presentar falsamente un niño como fruto del alumbramiento de una mujer que no es la verdadera madre con penas de entre 6 meses y dos años de prisión, y con hasta 5 años a quien eludiendo las vías establecidas y mediando compensación económica, entregue a otra persona un hijo.

Nuestro ordenamiento jurídico entiende que la madre es quien da a luz al bebé. Pero lo cierto es que los nacidos bajo ese método extranjeros son inscritos en el Registro Civil.

Una proposición de ley que llegará al Congreso de la mano de Ciudadanos, defiende una regulación garantista, altruista y con tutela judicial. Pero choca de lleno las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y con las de Podemos que, tras un debate interno, se posicionó en contra.

El PP, de momento, no se pronuncia. En el aire si permitirá el voto en conciencia de sus diputados. Mientras, el Comité de Bioética defiende un marco regulatorio internacional que prohíba esta actividad.