La Abogacía del Estado presenta un recurso contra la excarcelación de Ricart

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia acordó el pasado viernes la puesta en libertad de Miguel Ricart, --que dejó la prisión a las 17.42 horas de ese mismo día--, al estimar que había superado "extensamente" el tiempo de su estancia en prisión.

La Abogacía del Estado aseguró entonces su intención de recurrir la excarcelación de Ricart, y ya ha presentado en la Audiencia el escrito por el que anuncia el recurso de casación ante el TS, según han confirmado fuentes de Delegación del Gobierno.

Esta parte se opuso en su día a la libertad de Ricart, condenado en 1997 a 170 años de prisión por el secuestro, violación y asesinato de Míriam García, Toñi Gómez y Desirée Hernández, al alegar que la sentencia dictada sobre la etarra Inés del Río no es extrapolable a todos los casos.

Asimismo, requirió una ampliación del informe de Instituciones Penitenciarias (IIPP) sobre las redenciones de pena efectuadas a partir del 28 de febrero de 2006.

SIN EFICACIA 'ERGA OMNES'

En sus alegaciones ante la sala previas a la excarcelación, la Abogacía del Estado apuntaba, en primer lugar, que las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) no tienen eficacia 'erga omnes' --frente a todos--.

En segundo término, exponía que en la sentencia sobre Del Río "en ningún momento" se afirma que exista en España un problema estructural o sistémico que requiriera eventualmente de la adopción de medidas generales, de lo que se concluye que "ninguna obligación incumbe a España en lo que se refiere al resto de los condenados a los que se aplicó la doctrina contenida en la resolución del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2006 --doctrina Parot--".

Miguel Ricart --quien ha pasado 21 años en la cárcel-- tendría que haber salido de prisión en 2011, pero un año antes se le decidió aplicar la 'doctrina Parot', con la que se le alargó su permanencia entre rejas hasta 2023, es decir, cuando hubiera cumplido la máxima pena que contemplaba la ley, de 30 años. Al derogarse la doctrina, la Audiencia acordó su libertad el pasado viernes.