Los examinadores de tráfico se manifestarán el próximo 7 de abril en varias comunidades

Así lo ha avanzado a Europa Press el presidente de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra), Joaquín Jiménez. Asextra es la entidad que engloba a estos trabajadores de la DGT, además de ser la convocante de los paros que inició el colectivo el pasado año.

Estos funcionarios reclaman desde junio de 2017 una subida salarial --el denominado complemento específico, de unos 250 euros mensuales-- en sus nóminas, lo que les llevó a iniciar paros parciales que se prolongaron hasta diciembre, mes en que finalmente se desconvocó la huelga.

Esta decisión vino después de que la oposición anunciara su compromiso de reclamar al Gobierno este incremento salarial en forma de enmienda a los Presupuestos. Según indica Jiménez, tres meses después de este acuerdo, el compromiso de la oposición "sigue estando".

Tal y como apunta Jiménez, esta manifestación del 7 de abril es un "toque de atención" hacia los dirigentes políticos para recordar la situación actual del colectivo, que se encuentra a la espera de que los Presupuestos recojan sus reivindicaciones. "A partir del 7 de abril, veremos lo que hacemos", advierte Jiménez, que dice que esta movilización se ha convocado para un sábado para no "hacer daño a la ciudadanía".

Desde que se iniciaron los paros, más de 200.000 exámenes para obtener el carné de conducir han sido cancelados, una situación que además ha provocado pérdidas económicas que ascienden a unos 110 millones de euros en el sector de las autoescuelas.

En un principio, Jiménez asegura que hay movilizaciones confirmadas en Madrid, Andalucía y Galicia, pero que puede que se sumen más comunidades.

Por el momento, la asociación espera que Ciudadanos presente, una vez conocido en detalle los presupuestos, una enmienda que cuente con el apoyo de toda la oposición. "Vamos a fiscalizar cada paso que dé Ciudadanos, si los pasos van en lo que nos dijeron seguiremos en esta tregua", subraya el presidente de Asextra.

En caso de que los PGE no incluyan una partida destinada a esta subida salarial --Ciudadanos y PSOE calcularon que sería de 2,5 millones de euros al año--, la entidad amenaza con volver a la huelga. "Si esto no se soluciona en los presupuestos, antes del verano habrá inactividad en el servicio de exámenes", concluye la entidad.