Se elevan a 26 los detenidos por supuestas irregularidades en el sistema de contratación de la Alhambra

Estas dos personas no fueron detenidas en la operación policial desplegada el martes porque se encontraban fuera de la provincia, de modo que fueron citados y se han desplazado por su propio pie a declarar, tras lo que han quedado en libertad, al igual que el resto, a la espera de ser citados por el juez, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

El Juzgado de Instrucción número 4 los llamará a declarar una vez que se haya analizado la voluminosa documentación intervenida y requerida en su momento al Patronato de la Alhambra y a otras instituciones.

Este Juzgado está investigando el sistema de contratación del Patronato de la Alhambra y el Generalife en el marco de una causa distinta al llamado caso de las audioguías de la Alhambra, pero derivada de ella. Hasta el momento han sido detenidas 26 personas por delitos de pertenencia a organización criminal, fraude a la Administración, malversación y tráfico de influencias, entre las que se incluyen la que fuera directora del monumento, María del Mar Villafranca.

La Policía Nacional ha cifrado en cerca de siete millones de euros el importe defraudado por las supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos en la Alhambra desde 2007 hasta 2015, en el marco de lo que considera una "trama" de un "grupo criminal perfectamente organizado" en cuya "cúspide" estaban "los máximos responsables del Patronato de la Alhambra y el Generalife".

La investigación policial se centra en el estudio de la totalidad de los contratos adjudicados por el conjunto monumental a ocho empresas desde 2007 hasta 2015.

Según la Policía, la presunta trama corrupta utilizaba como 'modus operandi' la adjudicación ilegal de contratos a empresas que se comprometían a contratar una red clientelar de trabajadores denominados "de la casa", afines a la cúpula directiva.

La organización tenía una estructura piramidal. La cúspide estaba formada por los máximos responsables del Patronato de la Alhambra y el Generalife, a lo que se sumaba personal intermedio del monumento (funcionarios) y las empresas investigadas. A juicio de los investigadores, los trabajos adjudicados en estos contratos no se han llevado a cabo, sin que exista "ni un solo documento, acta, informe, que avale su realización real, correcta y efectiva". No obstante, fueron abonados por el Patronato de la Alhambra a las empresas.