La activista española Helena Maleno denuncia que es acusada de tráfico de seres humanos: "Salvar vidas no es delito"

"El final de este camino puede ser el ingreso en prisión, pero yo siempre sabré que salvar vidas no es un delito", apunta esta integrante del colectivo Caminando Fronteras en la red social Twitter, donde ha publicado un vídeo en el que asegura estar "tranquila" ante su declaración judicial.

"Estoy tranquila y fuerte porque sé que lo único que he hecho ha sido defender el derecho a la vida de las personas que transitan por las fronteras", apunta la también investigadora en migraciones, que comienza a trabajar en Marruecos en 2001 con migrantes del África Subsahariana en tránsito hacia Europa.

Maleno agradece en este vídeo los apoyos recibidos desde España y otros lugares del mundo "en estos días tan complicados". "Gracias no sólo por su compromiso hacia mi persona y hacia el trabajo que hago, sino por su compromiso con los derechos humanos y con el derecho a la vida de las personas que transitan por las fronteras, tan necesario en estos momentos de la Historia".

Según explica la Asamblea de Andalucía en un comunicado, el pasado miércoles 29 de noviembre Helena Maleno recibió una visita de la Policía, que la citaba ante la justicia marroquí este martes 5 de diciembre.

"Sin tener acceso a toda la información judicial para conocer en detalle las acusaciones que se vierten sobre ella, la documentación legal proporcionada concluye que la defensora de Derechos Humanos es acusada por España de crimen internacional de tráfico de seres humanos e inmigración clandestina", apostilla.

Según explica esta organización, el Gobierno español ha realizado investigaciones sobre su labor, por lo que podría haber pedido colaboración a Marruecos al ser Helena residente en este país y apunta que la base para la acusación "son las llamadas de petición de auxilio que habría realizado a Salvamento Marítimo acerca de embarcaciones de personas migrantes que se encuentran a la deriva y/o desaparecidas".

Para la Asamblea de Andalucía, se trata de un proceso judicial "claramente destinado a criminalizar" la labor de Maleno, que desarrolla desde 2001 en Frontera Sur "una labor de apoyo permanente en derecho a la salud, educación, identidad y a la vida de las personas migrantes".