Un informe de Women's Link denuncia que a las víctimas de trata se las separa sistemáticamente de sus hijos

El trabajo, titulado 'Madres en las redes de trata: Derechos Robados', ha sido presentado por la presidenta de Women's Link, Viviana Waisman; la letrada y autora del informe Gema Fernández y la investigadora Helena Maleno. Se apoya en los casos de 23 mujeres nigerianas trasladadas por redes a España, Dinamarca, Alemania y Francia que fueron madres en algún momento del proceso y que acabaron separadas de sus hijos.

La organización reconoce que la Administración tiene la potestad de interferir en el derecho a la vida en familia cuando un menor está en peligro, pero denuncia que mientras en cualquier otro caso interviene aplacando los factores de riesgo, ante potenciales víctimas de trata no se analiza el pormenor y no se proporcionan recursos que permitan proteger la unidad familiar.

"España e Italia es donde se producen más medidas de separación", explica Fernández. Según afirma, a estas mujeres "se les dice que se reconozcan como víctimas de trata y se trasladen a un centro de acogida" para mantenerse con sus hijos y "si se niegan, la Administración entiende que hay un riesgo para los niños así que se los retira". "El problema --conforme añade-- "es que ellas tienen que pagar la deuda y no han hecho ese proceso de romper con la red".

Women's Link explica que este era el proceder habitual en 2014, cuando al detectar un incremento de la llegada a España de potenciales víctimas de trata con hijos pequeños, se sistematizó la separación de mujeres y niños a pie de playa para la realización posterior de pruebas de ADN que probasen la filiación. Las expertas señalan que este protocolo como tal "está en desuso" porque, en palabras de Maleno, "a una mujer recién llegada que tiene la responsabilidad de pagar una deuda quitarle a su niña no es la solución". Con todo, siguen dándose casos.

POR SER VÍCTIMA DE TRATA

"Identificamos otros 14 casos de madres separadas de sus hijos. Tres de ellas explicaron que después de ser separadas de sus hijos estuvieron un mes sin poder verlos hasta que se estableció un régimen de visitas con ellos. Las visitas se autorizaron durante una hora a la semana. En ninguno de los casos identificado existía maltrato o negligencia de las madres. Se les retiran los niños no porque no los estén cuidando sino por su propia condición de víctima de trata", dice el informe.

"El Estado tiene la obligación de proteger al menor y eso le da derecho a interceder en la unidad familiar, pero hay que analizar caso por caso (...) No siempre por estar en la red el menor sufre violencia", apunta Fernández. Waisman pone como ejemplo de las diferencias de trato entre unas familias y otras "lo difícil que es que se prive a un padre maltratador de su derecho a ver a su hijo". Dice que con una madre nigeriana y sospecha de trata de seres humanos, la cosa cambia.

"Si en lugar de eso, se identificase que lo que está en riesgo es la unidad familiar y que la amenaza a esa unidad familiar es la red, se tomarían otras medidas, pero no se hace", ha añadido la autora del trabajo, para incidir en que "ser víctima de trata no siempre inhabilita a una mujer para ser buena madre", aunque su situación sea compleja. Reclama más centros de acogida preparados para atender de forma integral a estas mujeres con niños.

SI DEJAS EL CENTRO, DEJAS AL NIÑO

Uno de esos casos es el de Mama Favour, que ilustra de acuerdo al informe, las "disfunciones" del sistema en España. Esta joven nigeriana transitó durante años por Níger, Argelia y Marruecos hasta cruzar por el Estrecho de Gibraltar y llegar a Andalucía con su hija de tres años en brazos en 2014. Fueron trasladadas a un centro de acogida en Córdoba después de que un informe policial la identificase como potencial víctima de trata. Cuando comunicó su voluntad de dejar el centro, la Administración declaró a la niña en desamparo y asumió su tutela en un centro de protección.

Según explica el informe, al cabo de seis meses el expediente había de cerrarse porque no había fundamento jurídico para mantener la separación madre e hija. La joven aceptó trasladarse a otro centro de acogida en Zaragoza para poder así mantener a la niña junto a ella. Acabó abandonando estas instalaciones y se marchó con su hija a París, donde la han localizado las investigadoras, ante la presión de tener que pagar "la deuda" contraída con la red de trata y sin que la Administración pusiera medios para evitarlo.

Además de afrontar barreras entre los sistemas de protección de las distintas comunidades autónomas en España, estas mujeres se enfrentan a las fronteras que persisten dentro de la Unión Europea, como la falta de comunicación entre los sistemas de protección de los distintos países, lo que dificulta que se haga un seguimiento tanto de las propias víctimas de trata como de sus hijos.

"La administración lo que dice es: 'no estamos preparados para proteger la unidad familiar así que protegemos sólo una parte'", ha apuntado Maleno. La experta destaca que mientras en cada comunidad autónoma se procede de una manera diferente "ellas se siguen moviendo y negociando con la red" la forma de mantener a salvo a sus hijos. "Al final cambian de país o llega un momento en que la administración se encuentra a un niño mal cuidado en un piso con unos adultos que no son familiares y se los retiran", lamenta.

EL HIJO ACABA DADO EN ADOPCIÓN

Mama Prince es otra de las mujeres que aparece en el informe. En 2002 nació su hijo en Marruecos, fruto de una violación durante el trayecto. Llegó a Algeciras en 2003 y fue explotada en Málaga, Barcelona y Madrid, donde el niño fue declarado en desamparo, tutelado y posteriormente, dado en adopción. Ella no llegó ni a ser notificada porque la red la movía de una ciudad a otra.

Ahora vive en Dinamarca y tiene dos niñas. Ha intentado sin éxito recuperar el contacto con su primogénito. Sólo ha podido dejar una carta en su expediente de adopción para que si el día de mañana él quiere consultarlo, sepa que su madre no lo abandonó voluntariamente.

"Una declaración de riesgo bien hecha puede cambiar las cosas", ha señalado Maleno. Denuncia que "hay comunidades autónomas que obvian este paso y van directamente a la declaración de desamparo", cuando a su juicio, un informe exhaustivo sobre la situación de esa mujer y el menor a su cargo podría convertirse "en un elemento de protección y no de separación" para ambos.