Unidos Podemos pide que Dastis explique en el Congreso qué hace por proteger a activistas como Helena Maleno

La solicitud, a la que ha tenido acceso Europa Press, pide en particular que el ministro aclare ante la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo "qué medidas y gestiones está realizando a la hora de proteger a los activistas y cooperantes que son perseguidos en terceros países por defender los derechos humanos o por salvar directamente la vida de personas migrantes en el Mediterráneo".

Este es el caso de Helena Maleno, que lleva 12 años afincada en Tánger y que es la activista más destacada de la ONG Ca-Minando Fronteras, cuya labor se centra en la asistencia y acompañamiento a los migrantes que pasan por Marruecos en tránsito hacia Europa.

Una de las labores más visibles de esta activista son sus llamadas de alerta a Salvamento Marítimo cuando tiene constancia de que hay pateras en el mar camino de la Frontera Sur española, avisos gracias a los que cada año se produce la localización y el rescate de decenas de personas que se ponen en contacto con ella, ya sea directamente ya sea a través de terceros, para pedir socorro.

Esta actividad motivó un informe policial en España por la sospecha de un delito de favorecimiento de la inmigración irregular que en abril de 2017 la Fiscalía de la Audiencia Nacional desestimó: No encontró indicios de delito en las llamadas de Maleno a salvamento y se archivó el caso.

Sin embargo, la Policía Nacional remitió los mismos informes a la justicia marroquí, que ahora investiga a la activista española por un posible delito de tráfico de seres humanos pese a que con esa documentación el caso no prosperó en España.

La española tendrá que declarar de nuevo este miércoles 31 de enero ante el juzgado instructor. Organizaciones sociales, ONG y personalidades del mundo de la cultura, la comunicación y las artes se han movilizado en su favor.

Oxfam Intermón, por ejemplo, ha lanzado una recogida de firmas junto a la Iglesia Católica y la Coordinadora de ONGD para exigir al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, así como al Ministerio del Interior, que envíen al juez marroquí la documentación que acredita que su caso fue archivado en España.