Unidos Podemos plantea en el Congreso legalizar la eutanasia y su práctica médica

El texto presentado indica que podrán solicitar este servicio los mayores de 18 años o menores emancipados que padezcan una enfermedad terminal "sin esperanza" o dolores físicos y psíquicos "intolerables" para el paciente. Según ha explicado la diputada de IU, Eva García Sempere, serán los médicos o psicólogos los que realicen un informe del paciente para aprobar o denegar su solicitud.

La demanda de eutanasia deberá hacerse por escrito, en un documento firmado por el paciente en presencia del médico responsable, repitiéndose de manera general en, al menos, dos ocasiones con una separación de 15 días. Si el médico responsable considera que la muerte de la persona o la pérdida de su capacidad para prestar consentimiento informado son inminentes, se aceptará un periodo menor a las dos semanas.

La persona demandante de eutanasia podrá revocar su solicitud en cualquier momento. Tanto el documento de petición como de la posible revocación serán adjuntados a la historia clínica del paciente. Sin embargo, la causa de la muerte, a todos los efectos, será por causas naturales.

OBLIGACIONES DE LOS PROFESIONALES

García Sempere ha recordado que, con la actual normativa, se penaliza a los médicos que tengan cualquier relación en el proceso de una muerte asistida, por ello, en esta ley se exige que los profesionales tengan la obligación de garantizar el acceso universal a la eutanasia.

La diputada ha señalado que todo profesional tiene derecho de objetar, pero desde los servicios sanitarios públicos se debe garantizar el derecho del paciente a poder solicitar este servicio si la evaluación es positiva. Por ello, García Sempere ha apuntado que en el caso de que un enfermo esté a cargo de un médico objetor, éste deberá ofrecer los servicios de otro equipo médico que no lo sea.

Del mismo modo, desde Unidos Podemos consideran "fundamental" que se modifique el Código Penal para que la participación de los sanitarios en este servicio no sea punible.

TRASLADO A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

La formación morada también ha señalado la importancia de trasladar esta normativa a las comunidades autónomas, que tienen competencias en materia sanitaria. La diputada de En Comú Podem Marta Sibina ha destacado que existen autonomías, "con Andalucía a la cabeza", que han desarrollado leyes específicas sobre esta materia.

Sin embargo, el partido está de acuerdo en que este texto es necesario para "dar un paso más" y llevar a nivel estatal la eutanasia, como se ha hecho en "países de Europa como Bélgica o los Países Bajos, así como en varios estados de Estados Unidos o Canadá, entre otros", según ha explicado Sibina.

Así, la ley emplaza a la creación de dos comisiones, una autonómica y otra estatal. La primera será un órgano consultivo y de asesoramiento para las consejerías y deberá realizar un informe anual para llevar un control sobre el cumplimiento de la norma en la autonomías. En la segunda, se recogerán los documentos anuales de todas las regiones y servirá para el estudio de lo que está ocurriendo en esta materia a nivel país.

COMIENZAN LOS CONTACTOS CON OTROS PARTIDOS

García Sempere ha señalado que ahora, una vez presentada esta ley, se iniciarán los contactos con el resto de formaciones representadas en la Cámara Baja para obtener apoyos para que se pueda tramitar y aprobar.

En este sentido, Sibina, ha destacado que la sociedad estaba esperando una norma como esta y ha defendido que "una amplia mayoría respalda" la eutanasia. En este sentido, ha citado una encuesta del CIS de 2011, en la que, según ha apuntado Sibina, un 77 por ciento de la población española respalda la eutanasia.

La diputada catalana ha destacado también la metodología y el "trabajo conjunto" llevada a cabo por su formación para redactar el texto, para el que contaron con la ayuda de "un grupo externo e independiente con personas de diferentes ámbitos de la sociedad civil, del derecho, la sociología, la medicina y la enfermería".

Por su parte, la diputada de En Marea Ángela Rodríguez ha destacado que la "autonomía" es "el gran hilo conductor de esta ley" y ha invocado que el texto recoge los "valores constitucionales de libertad y dignidad". Para Rodríguez, la "muerte digna" debe ser "una cuestión de Estado".