Unicef y Oxfam denuncian el "año perdido" por España en la lucha contra la pobreza y la desigualdad

Así lo han advertido el director ejecutivo de Unicef Comité Español y el director general de Oxfam Intermón, Javier Martos y Chema Vera, respectivamente, durante la presentación en Madrid del informe 'Un año de Agenda 2030 en España: Mucho por hacer', con el que han mostrado que el Gobierno en funciones y los partidos políticos tenían que haber aprovechado este periodo para avanzar en el trabajo preparatorio que precisa el plan nacional de los ODS, y que debe ser una "política de Estado".

Los responsables de estas dos organizaciones han advertido, no obstante, de que algunos gobiernos autonómicos, como el valenciano, o locales, como el madrileño, sí han dado "pasos" en la buena dirección. Pero en conjunto, indican que España suspende la mayoría de los 17 objetivos, que se centran en la erradicación de la pobreza, lucha contra el hambre, salud, educación de calidad, igualdad de género, energías renovables, empleo digno, reducción de la desigualdad, lucha contra el cambio climático, paz, justicia y protección, entre otros.

"La endogamia de los partidos políticos y el mirarse unos a otros para formar gobierno tiene consecuencias sociales fuertes, no sólo económicas", ha subrayado Vera, que, junto a Martos, ha pedido "liderazgo político" para la creación de una Vicepresidencia de Desarrollo, Derechos Humanos y Medio Ambiente, una estrategia nacional de desarrollo sostenible o una Comisión de Desigualdad en el Parlamento que garantice el cumplimiento de la agenda.

En 2017 está prevista la celebración de la reunión del Panel de Alto Nivel sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los dirigentes de estas dos organizaciones han advertido de que España no puede acudir a la cita sin haber definido políticas, presupuestos, indicadores y mecanismos institucionales de implementación y seguimiento.

RIESGO DE POBREZA

De todo lo analizado en base a los ODS, Oxfam Intermón y Unicef destacan los niveles "alarmantes" de pobreza que ha alcanzado España a lo largo de la crisis: el 28,6% de los españoles (13,2 millones) vive en riesgo de pobreza o exclusión social, que, en el caso de los niños asciende al 34,4%, uno de cada tres (2,9 millones). El objetivo es que en 2020 el número de personas en riesgo de pobreza bajen a 5 millones porque. "España es el cuarto país europeo que más ha empeorado", según ha afirmado Vera.

En cuanto a la desigualdad, el informe destaca que el 20% de la población más próspera acumula una riqueza que multiplica por 86 la del 20% más pobre y que la precariedad laboral "he hecho presa en una generación completa de españoles", de los que el 48% de los menores de 25 años está desempleado y más del 13% de personas con empleo "sigue atrapada en la exclusión social", un dato que España tiene que rebajar hasta el 5% en 2030.

Asimismo, pone en evidencia la brecha salarial entre hombres y mujeres que Eurostat establece en el 18,8% y recuerda que se tiene que reducir más de tres puntos porcentuales en 2020 y bajar hasta el 0% en 2030 para lograr le objetivo comprometido.

España también suspende en pobreza energética: el 10,6% de la población no puede mantener la vivienda a una temperatura adecuada en invierno porque no tiene dinero para pagar la factura de la luz. España ha fijado como objetivo para 2020 que este problema no afecte a más del 8% y para 2030, que se reduzca al 4%.

AYUDA AL DESARROLLO

En cuanto a la ayuda oficial al desarrollo, estas dos organizaciones destacan en su estudio que ésta cayó un 70% entre 2009 y 2015, del 0,46% del PIB al 0,13%, "difuminando por completo" el papel de España en la comunidad de donantes y "amenazando" los programas en regiones clave como África y América Latina.

Los autores del informe señalan que es preciso que para que haya un "cambio de paradigma", España tiene que tomar medidas relevantes como la inversión en protección social, el incremento sustancial del salario mínimo, que las grandes empresas contribuyan de forma justa a la recaudación fiscal. También sostienen la necesidad de un Pacto de Estado por la Infancia, así como la promoción de políticas de igualdad de género o el aumento hasta el 0,4% del PIB en una legislatura.

Además, subrayan que España debe responder a la crisis migratoria, cumpliendo con su compromiso de acogida de refugiados --"sólo 500 personas de las 16.000 pactadas" hasta ahora-- y garantizando el tránsito seguro y el respeto de los derechos humanos.