El Tribunal Constitucional de Portugal anula varios puntos de la Ley de Gestación Subrogada

Los jueces consideran que el marco jurídico es demasiado abierto, que quedan sin definir los límites del contrato entre los beneficiarios y la gestante y declaran inconstitucional la imposibilidad de que la gestante no pueda revocar el contrato hasta la entrega del niño.

Hasta el momento el Consejo Nacional de Procreación Médica Asistida (CNPMA) autorizó a dos parejas recurrir a este método, pero hay otras siete solicitudes en examen, según informa el diario portugués Público.

En su dictamen, el TC afirma que la gestación por subrogación, "por sí misma, no viola la dignidad de la gestante ni del niño nacido como consecuencia de tal procedimiento ni tampoco el deber del Estado de protección de la infancia". Sin embargo, considera que algunos aspectos particulares de la legislación lesionan "principios y derechos fundamentales consagrados en la Constitución".

Uno de estos puntos que ha anulado el TC se refiere a la "excesiva indeterminación" de la ley en lo que se refiere a los límites de la autonomía de las partes del contrato de gestación subrogada. Los jueces consideran que el marco jurídico es demasiado abierto y permite negociaciones sobre condiciones del embarazo que pueden ser excesivas.

En segundo lugar, el TC rechaza que la gestante no pueda revocar el consentimiento prestado en el contrato hasta la entrega del niño. Para la mayoría de los jueces del Alto Tribunal, esta restricción constituye una "violación del derecho al desarrollo de la personalidad, interpretado de acuerdo con el principio de la dignidad de la persona humana, y del derecho de constituir una familia".

Los magistrados también hacen referencia a la "inseguridad jurídica" para el estatuto de las personas generada por una posible anulación del contrato con carácter posterior al nacimiento del bebé.

Tras el dictamen del TC, la ley portuguesa se mantiene en vigor, pero la eliminación de los puntos declarados inconstitucionales impide su aplicación en la práctica, por lo que tendrá que volver al Parlamento para que se modifiquen los aspectos vetados por el Alto Tribunal.