La Fiscalía Anticorrupción investigará la denuncia presentada por el grupo popular de Buñol por la contratación, “a dedo”, de una empresa privada para la gestión de la venta de entradas de la Tomatina. Según los populares, “sin ningún tipo de expediente administrativo, ni control legal en la cesión de la explotación de la fiesta". El negocio que genera la fiesta, según el PP, mueve unos dos millones de euros.
