El Servicio Jesuíta a Migrantes denuncia el "internamiento innecesario" de miles de extranjeros en España

El Servicio Jesuíta a Migrantes ha presentado este miércoles 'Vulnerables, Vulnerabilizados', un informe anual sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que con datos oficiales denuncia la reclusión "innecesaria" y "gratuita" de miles de inmigrantes en España, que son privados de libertad aunque sus circunstancias personales les devienen en imposibles de expulsar del territorio.

El trabajo, presentado en la sede del Defensor del Pueblo por el coordinador del SJM en España, Miguel González; y los abogados Santiago Yerga y José Javier Ordóñez, analiza la situación en los CIE de Madrid, Valencia y Barcelona y la política de expulsiones a partir, por un lado, de datos proporcionados por el Ministerio del Interior y, por otro, de las 1.536 visitas giradas a 503 personas en los tres establecimientos por voluntarios de las entidades del Servicio Jesuíta a Migrantes.

Según expone, en 2015 fueron internadas en los CIE 6.930 personas pero el 59% de ellas acabaron en libertad ante la imposibilidad de expulsarles, lo que ocurre cuando la persona es de un país con el que España no tiene convenios, cuando no se sabe de qué país es o cuando concurren otras circunstancias como tener derecho a solicitar asilo o ser menor de edad y que aún no se haya demostrado.

"Los internamientos que se producen de forma innecesaria por impulsibilidad de ejecutar la expulsión vulneran flagrantemente el derecho a la libertad y fuerzan a las personas migrantes a soportar un internamiento que no debieran", dice el informe, para incidir en que "es una práctica que criminaliza y priva de libertad a personas migrantes de forma gratuita".

Para Yerga, los datos confirman que más de la mitad de los internos en los CIE "sufren una privación de libertad carente de sentido" y también que la medida de reclusión, para la que "existen alternativas", es en algunos casos sistemática, como para la personas que llegan en patera y que suponen casi seis de cada diez internos en los CIE. En este sentido, destacan el caso de Algeciras, con 2.303 internos, 1.976 de ellos llegados por esa vía, y 472 expulsiones en todo el año.

Sobre este asunto, el informe concreta que 4.393 personas de las internadas en los CIE estaban así sujetas a un expediente de devolución por haber llegado a España por un puesto no habilitado como frontera. Sin embargo, se ejecutaron en todo el año 3.725 de estas devoluciones, "por lo que habría habido 668 personas internadas en CIE por procedimientos luego no ejecutados". Quizá más, porque la cifra final puede incluir expedientes de años anteriores.

El informe añade otra variable y es que la mayor parte de las personas que visitaron los voluntarios del SJM en los CIE el año pasado estaban allí por no tener permiso de residencia. Según los datos que recoge de Interior, el año pasado se ejecutaron 6.869 expulsiones (la quinta parte de las que se incoaron) y de ellas, 3.075 fueron por "mera estancia irregular".

En cuanto al perfil de las personas internadas, el SJM pone el acento en su vulnerabilidad. Según los datos que les ha proporcionado el Ministerio del Interior, el año pasado estuvieron internos en los CIE un total de 19 menores de edad que, conforme ha explicado Ordóñez, presentan diferente casuística pero revelan el mismo fallo de las autoridades en su obligación de identificar y proteger a la infancia.

MENORES EN LOS CIE

"Este elevado número de menores identificados como tales en el CIE mueve a reflexionar sobre los procedimientos de determinación de la edad que se practican especialmente en los lugares de acceso irregular a España a través de su litoral sur, ya que se observa que dischos procedimientos no identifican al menor de edad primariamente, causando el internamiento del menor y un nuevo y posterior análisis por parte de otros órganos administrativos y judiciales así como una evidente desprotección", sentencia el informe.

Sobre este asunto, detalla que durante las visitas a los CIE, se han detectado seis personas sólo en Barcelona que decían ser menores de edad y de ellos, algunos contaban con documentación expedida en su país de origen que lo probaba. Pese a ello, se les sometió a pruebas de determinación de la edad, en "algunos casos" ordenadas por la Policía a su llegada a las costas andaluzas y sin mediación de la Fiscalía de Menores, y a resultas, se decretó que eran adultos y acabaron en el CIE.

En las visitas, los voluntarios se han topado además de con menores de edad, con al menos una mujer embarazada, con personas enfermas, con discapacidad intectual o enfermedad mental o con nacionales de países que les convierten en potenciales refugiados, como ha explicado Ordóñez. Asegura que hay personas de las que "es evidente que no podrán ser expulsadas ni en 60 días ni a medio plazo" y sin embargo, son internadas.

También han visto víctimas de trata, como Agrippine, una chica de 16 años que rechazó la protección que se le ofreció al llegar en patera a Andalucía y por orden judicial acabó en un CIE, según relata el informe. Allí volvieron a ponerse de manifiesto los indicios de que era víctima de trata. Fue identificada como menor de edad y llevada a un centro de menores no especializado en la asistencia de estas víctimas. Se escapó y no se ha vuelto a saber de ella.

"Los CIE constituyen un espacio de gran trascendencia para la detección de víctimas de trata de seres humanos, por un lado, por el internamiento de personas, esencialmente mujeres, que ya se encuentran en España, han sido sujeto de una intervención policial y pueden encontrarse en disposición de abandonar a la red que las trataba y de otro lado, porque el perfil de las víctimas está muy acentuado en el caso de mujeres y menores que arribal al litoral español", dice el informe.

DESPUÉS DEL INTERNAMIENTO, EL LIMBO

El trabajo incide en las consecuencias de este internamiento "innecesario" que se revela cuando las personas son puestas en libertad. Denuncia que cuando un inmigrante ingresa en un CIE por estancia irregular, se queda igualmente sin 'papeles' a su salida. La única diferencia es que la Administración ya ha corroborado que no podrá expulsarle del país, sin embargo, no facilita que regularice su situación y pueda continuar su vida como un ciudadano más.

Exponen entre otros, el caso de Talibou, de 42 años, que lleva diez años en España y tiene mujer y dos hijos --el pequeño muy enfermo-- en su país de origen. No tenía permiso de residencia ni ningún tipo de antecedentes. Tras 20 días encerrado en el CIE le ponen en libertad y se queda a las puertas del centro con sus pertenencias y cuatro euros en el bolsillo. Está en otra ciudad, no en la que fue detenido, así que tiene que dormir en la calle. Su petición de asilo fue admitida a trámite, pero aún no se ha resuelto.

El SJM quiere que se cierren los CIE y exige que mientras tanto, se adopten medidas urgentes para evitar el internamiento de quienes por sus circunstancias no pueden o no deben ser expulsados del país; se homologuen y eleven los estándares de atención y protección de los internos en todos los centros del territorio, se apliquen mecanismos de regularización para quienes devienen en inexpulsables y se pongan en marcha las alternativas existentes al internamiento, como las comparecencias periódicas o las fianzas.