Imputado el exdirector de un colegio de Pontevedra por supuestas torturas a un niño de 9 años

El auto del juez instructor del caso, Xermán Varela, considera que los hechos denunciados podrían constituir un delito de torturas. Las diligencias abiertas por el juzgado también se dirigen contra la que fue jefa de estudios.

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, ha afirmado este viernes que la institución que preside, "de manera impecable", denunció "las prácticas de este exdirector del CEIP Príncipe Felipe ante la propia delegación de Educación" y que fue "quien puso el caso en manos de la Fiscalía".

Por su parte, la Consellería de Cultura e Educación ha afirmado que en cuanto tuvo conocimiento de este caso, procedió de forma "inmediata" a destituir al director de este cargo y abrió un expediente que remitió a la Fiscalía".

En cambio, han explicado fuentes de este departamento, la Xunta no puede impedir que continúe ejerciendo como profesor y debe esperar a que finalice el proceso legal para "actuar en consecuencia", una vez haya conocido la determinación de la Fiscalía. "La consellería ya hizo lo que tenía que hacer", ha sostenido la misma fuente.

En el auto, el juez recoge que, por lo menos en una ocasión, el imputado supuestamente ató con bridas las muñecas y los tobillos del niño, dejándolo inmovilizado durante horas, hasta que una profesora lo liberó. El auto también apunta que el exdirector obligó al menor a desnudarse de cintura para abajo, exponiéndolo de manera que podía ser visto por cualquier persona que pasase por su despacho.

Respecto a la jefa de estudios el juez apunta que conocía este tipo de actuaciones desproporcionadas y vejatorias y no hizo nada para impedirlas.

Condena los hechos

Rafael Louzán ha condenado estos actos y, al mismo tiempo, ha manifestado su "repulsa sobre este tipo de actuaciones que bajo ningún concepto se pueden producir", al tiempo que ha asegurado estar "plenamente convencido de que desde la Consellería de Educación también se adoptarán las medidas oportunas al respecto".

De cualquier modo, Louzán entiende que las actuaciones "están en el sitio que corresponde: en el juzgado, para que se comprueben bien los hechos y esto no vuelva a suceder y sea solo una cuestión aislada que jamás se debió producir".

"Ahora debe ser el juzgado quien dictamine cual va a ser el proceder en este tema. Lo que sí está claro es que por parte de la Diputación se actuó con diligencia y rapidez cuando tuvimos conocimiento de este tipo de prácticas", ha indicado el presidente de la institución provincial.