El PSOE pide retrasar dos meses la aplicación de la reforma que impedirá excluir a discapacitados de los jurados

El PSOE quiere que se dé un plazo de dos meses para poner en práctica la reforma de la Ley del Jurado que se está tramitando actualmente en las Cortes Generales para impedir que se excluya a discapacitados de estos tribunales populares y que prevé en principio su entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE.

Se trata de una proposición de ley presentada en el Senado por la antigua Convergència con el objetivo de garantizar el derecho de igualdad de trato y no discriminación para todos los ciudadanos con discapacidad, algo que, a su juicio no se cumple con la normativa actual que "limita y restringe el derecho a participar" de estos ciudadanos.

En una de las enmiendas presentadas en el Congreso, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PSOE propone una 'vacatio legis' de dos meses para esta reforma, que en el texto redactado por la antigua Convergència determina que entrará en vigor un día después de su publicación.

Para los socialistas, es "poco razonable" el periodo en un día para poner en marcha esta reforma dadas las actuaciones que han de llevarse a cabo para que la Ley pueda ser de aplicación.

Con las actuaciones a llevar a cabo, el PSOE se refiere a que, la reforma propuesta por la formación catalana señala que la Administración de Justicia deberá proporcionar "los apoyos precisos, así como efectuar los ajustes razonables" para que las personas discapacitadas que formen parte del jurado "puedan desempeñar con normalidad este cometido".

QUE EL JUEZ DIGA SI NECESITA APOYO

En este sentido, el PNV ha presentado una enmienda por la que propone que sea "el órgano judicial quien valore en cada caso concreto" las necesidades y apoyos que requieran estas personas ya que, a su juicio, "no todas las discapacidades son solventables" aunque desde la Administración se les preste ayuda.

Para este mismo artículo, el PP también sugiere una modificación con el objetivo de que los apoyos y ajustes se produzcan cuando la persona con discapacidad lo solicite. Los 'populares' quieren "evitar añadir cargas administrativas, burocráticas y de trabajo a un colectivo de personas a las que el Estado debe proteger".

"Para ello se propone mantener el carácter potestativo del ejercicio del derecho de las personas que, habiendo sido designadas jurados, reúnan la condición de tener algún tipo de discapacidad", apunta la formación.

También desde Ciudadanos y Coalición Canaria se han presentado enmiendas a esta ley, aunque en su caso se trata de precisiones técnicas al texto para evitar discriminaciones o determinar con mayor precisión la administración que deberá prestar la ayuda a las personas con discapacidad que vayan a formar parte del jurado.