PSOE y PP no apoyan en el Congreso la moción de Cs para combatir el adoctrinamiento en las aulas catalanas

La enmienda del PP planteaba reforzar las competencias de la Alta Inspección Educativa, pero desde Ciudadanos han señalado que los 'populares' pretendían "descafeinar" su propuesta, que es "muy sencilla y clara" porque busca "proteger a los menores".

Asimismo, han censurado que los 'populares' quisieran eliminar uno de los puntos "fundamentales" de su moción, como es la protección del denunciante. "No podemos aceptarlo", han apostillado antes de que diera comienzo el debate en el pleno de la Cámara Baja.

El voto de los 'populares' era decisivo porque al no estar presentes en el Pleno los nueve diputados de ERC, la moción podría salir adelante sin necesidad de más apoyo.

La moción de Ciudadanos es consecuencia de una interpelación urgente que el diputado naranja Toni Cantó dirigió la semana pasada al ministro de Educación Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo.

La incitativa pedía que la Alta Inspección haga inspecciones en los centros y elabore informes sobre las decisiones de la Administración educativa en relación con los contenidos curriculares básicos y con la garantía de los derechos e igualdad de los alumnos, sobre todo en materia de derechos lingüísticos.

Además, pretendía que las medidas que se pacten se puedan aplicar a otras regiones donde "se está comenzando un proceso similar", entre las que nombra la Comunidad Valenciana y Baleares.

Este marco normativo, según explicaba el texto de la moción, debe garantizar la "neutralidad ideológica y política de los centros docentes" y exigir "responsabilidades disciplinarias a directores y profesores por la realización de actuaciones de adoctrinamiento del odio nacionalista, con grave conculación de los derechos y libertades fundamentales básicos en cualquier democracia".

Aunque la formación que lidera Albert Rivera hablaba en esta iniciativa de los colegios de España, su exposición de motivos se centraba en la situación de Cataluña en donde, según denunciaban, a través de asignaturas como historia o geografía "llevan años alimentando entre los alumnos el sentimiento de odio" adaptando las enseñanzas "al servicio de sus objetivos políticos secesionistas".

La formación naranja también llamaba al Ejecutivo a dotar de los medios adecuados a la Fiscalía, para poder perseguir "con diligencia" los delitos de odio, cuyas víctimas, según recordaba en la moción, son los menores en los centros.

CS PEDÍA PROTEGER A LOS DENUNCIANTES

En este sentido, también llamaban a dotar de la protección adecuada, incluido el anonimato, a los denunciantes de adoctrinamiento en los centros. Ciudadanos pedía que se garantice plenamente "la indemnidad frente a cualquier comportamiento dirigido a perjudicarles" y, en particular, a los propios menores, alumnos en los colegios.

Frente a la iniciativa de Ciudadanos, los 'populares' han planteado una en enmienda de modificación, con la que pretendían instar al Gobierno a reforzar la participación de la Alta Inspección mediante la correspondiente carta de colaboración y, en su caso, el requerimiento formal, tal y como se hace en la actualidad.

De esta forma se siguen los procedimientos previstos en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional ante las actuaciones vulneradoras por las administraciones educativas contrarias a la Constitución.

Asimismo, planteaban acordar el marco normativo para que la Alta Inspección Educativa, "actuando de oficio a instancia de parte, realice los requerimientos e inspecciones en centros educativos, así como elabore informes sobre las decisiones que adopte la Administración educativa autonómica, en relación con la comprobación de los aspectos básicos del currículo, libros de texto y otros materiales curriculares se cursen de acuerdo con el ordenamiento estatal correspondiente y la garantía de igualdad de derechos de todos los alumnos, en particular, de los derechos lingüísticos".

El PP también proponía en su enmienda el desarrollo de un marco normativo y "seguir potenciando" los medios a disposición de la Fiscalía, así como implementando cauces específicos de comunicación con la Alta Inspección Educativa del Estado "para perseguir con diligencia los delitos de odio cuya víctima son los menores de centros educativos". A juicio de la formación naranja, las modificaciones planteadas por el PP "descafeinaban" a su iniciativa y por eso las han rechazado.