El PSOE lleva el martes a Congreso su ley de Igualdad de Trato que propone una autoridad contra la discriminación

El PSOE lleva a votación en el Pleno del Congreso de la próxima semana la tramitación de su ley de Igualdad de Trato, en la que se propone la creación de una autoridad independiente y unipersonal, dotada con recursos de la administración e insertada en un ministerio, que actúe contra la discriminación.

Los socialistas plantean, según explicó durante la presentación del texto la portavoz de Igualdad Ángeles Álvarez, que esta nueva autoridad pueda investigar de oficio posibles situaciones de discriminación, así como ejercer acciones judiciales en defensa de la igualdad de trato.

"Esta ley no pretende reconocer nuevos derechos, sino que eliminar los obstáculos que impiden que las personas ejerzan los derechos que tienen reconocidos en las leyes", señaló Álvarez durante una rueda de prensa, en la que señaló que es el tercer intento del PSOE de sacar adelante este texto. En este sentido, también añadió que la norma actúa como "prevención y eliminación de todas las formas de discriminación, así como también en la reparación del daño a las víctimas".

Además, está dirigida a impulsar las políticas de igualdad de trato, coordinar a las diferentes administraciones públicas en esta materia y establecer un sistema de colaboración con la sociedad civil organizada para favorecer la corresponsabilidad social y empresarial ante la discriminación.

"SIN VOCACIÓN PUNITIVA"

El PSOE destaca, también que la ley, que responde a la transposición de directivas europeas, incorpora dos nuevos motivos de discriminación, que son la enfermedad y la identidad sexual, junto a los seis que están recogidos en la normativa comunitaria: el sexo, el origen racional o étnico, la discapacidad, la edad, la religión y las creencias o la orientación sexual.

Álvarez resaltó que el texto no tiene vocación "punitiva", sino que busca "cambiar comportamientos sociales", por lo que establece un régimen de infracciones y sanciones administrativas que la formación considera "proporcionado y razonable" y permite "una compensación real a las víctimas de discriminación".

Según el documento registrado, recogido por Europa Press, las infracciones recogidas en la norma serán sancionadas con multas que irán de 300 a 500.000 euros, dependiendo de su gravedad. La Administración deberá, además, determinar si en las actuaciones hubo intencionalidad o analizar la naturaleza de los daños y si han sido permanentes o transitorios. También se valorará el número de personas afectadas, la repercusión social o la reincidencia, entre otros aspectos.

Del mismo modo, la propuesta regula las reglas de la carga de la prueba, ante las dificultades para obtener prueba sobre discriminación, de manera que los acusados tendrán que demostrar que habían establecido criterios para que no se produjese discriminación y no actuaron con voluntad de discriminar.