Organizaciones sociales aplauden la condena a España por las devoluciones sumarias y piden el cese de esta práctica

Organizaciones sociales han aplaudido este martes 3 de octubre que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, haya condenado a España a pagar 10.000 euros a dos inmigrantes procedentes de Malí y Costa de Marfil que fueron devueltos a Marruecos tras penetrar en España a través de la valla de Melilla, y han pedido el cese "inmediato" de esta práctica.

"La sentencia evidencia la ilegalidad de estas prácticas a las que se pretendió dar cobertura legal a través de la Ley de Seguridad Ciudadana, por lo que debería ser inmediatamente reformada", ha afirmado secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Estrella Galán.

La dirigente de CEAR confía en que el fallo conlleve "el cese inmediato de estas prácticas que, además de ilegales, ponen en riesgo la vida de miles de personas cada año" y ha destacado el "excelente trabajo conjunto y complementario de diferentes organizaciones de derechos humanos y de apoyo a las personas refugiadas" en la presentación de esta demanda en el año 2015.

Por su parte, la portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en España, Rosa Otero, ha indicado a Europa Press que ACNUR considera "positiva" la decisión del alto tribunal europea sobre esta situación. "En este momento estamos analizando las conclusiones de la sentencia para poder valorarla de manera más amplia", ha agregado.

Desde Andalucía Acoge, creen que el dictamen confirma "la ilegalidad de las devoluciones en caliente" de personas migrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla, y que además sienta un "importante precedente" de cara a otra denuncia presentada por esta organización ante dicho tribunal por hechos similares.

A su juicio, el pronunciamiento dado a conocer este martes afecta a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. "Esta Ley, además de contemplar recortes de derechos para el conjunto de la ciudadanía, introduce una Disposición Adicional Décima en la Ley de Extranjería cuyo objetivo es proporcionar cobertura legal a las devoluciones sumarias de personas inmigrantes que se producen en las fronteras de Ceuta y Melilla", ha añadido Andalucía Acoge.

SOLICITUD A INTERIOR Y PARTIDOS POLÍTICOS

En este contexto, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado --plataforma de entidades, expertos y juristas de España-- ha solicitado al Ministerio del Interior y a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados que, "de manera urgente", procedan a dar "todas las instrucciones necesarias" a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para paralizar "las devoluciones en caliente" en Ceuta y Melilla.

"Consideramos que el ministro del Interior debe actuar inmediatamente. Pedimos la retirada de las instrucciones y protocolos y la convocatoria de una mesa de trabajo abierta, transparente y donde, como hacen otras agencias de seguridad como FRONTEX, las entidades sociales podamos participar y ser escuchadas. España ha recibido un mandato claro de la justicia europea y ahora es tiempo de implementarlo de urgencia para evitar más muertes", ha afirmado el presidente de la Red Española de Inmigración, Daniel Méndez.

En este sentido, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado cree que el fallo del Tribunal de Estrasburgo demuestra la "plena y absoluta ilegalidad" del sistema de devoluciones vigente, contemplado en la Ley de Seguridad Ciudadana, a través de la disposición de 'rechazo en frontera'.

En esta misma línea se ha expresado CC.OO., que ha puesto de relieve la importancia del fallo y ha exigido al Gobierno que cese "inmediatamente" estas prácticas, que han sido "insistentemente denunciadas por la sociedad civil española". "No todo vale en la gestión de los flujos migratorios, y en un Estado democrático no cabe la vulneración de los Derechos Humanos", ha apostillado.