Sanciones de hasta 3.000 euros a clientes de prostitutas en la calle

El borrador, que ahora deberá ser consensuado con entidades ciudadanas y grupos políticos, destaca que en ningún caso las personas prostituidas serán sancionadas ya que en el 98 por ciento de los casos son víctimas de trata y explotación sexual, como han remarcado desde el Consistorio.

El agente informará al supuesto consumidor de este tipo de servicios en espacios públicos que se trata de una actividad no permitida en virtud a la ordenanza. Si esa persona persistiera en su actitud y no abandonara el lugar podría ser sancionada por desobediencia a la autoridad. Y es que, como ha explicado la delegada de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana, Lola Navarro, la ordenanza "no nace con pretensiones sancionadoras o coercitivas sino con objetivos sociales".

No se trata de regular la prostitución

El coordinador del área, Carlos Martínez Serrano, ha matizado que "en ningún caso se regula la prostitución sino el uso indebido del espacio público" y que, en el caso de un supuesto cliente de servicios sexuales, primero se le informa de lo que se puede y no hacer y que "depende de la actitud" de esa persona que se le sancione o no.

"La ordenanza no califica las conductas cívicas o incívicas, solamente recoge las conductas indeseables en el espacio público. Al cliente se le puede sancionar o convencerle de que eso no se tiene que hacer. Si insiste entonces se le sanciona", ha explicado Navarro tras recordar que la prostitución es en estos momentos "una actividad alegal".

Lo que no permite la ordenanza es "solicitar, negociar o aceptar, directa o indirectamente, servicios sexuales así como su práctica en el espacio público". En especial, no se permiten estas conductas en los cercanos a centros docentes, áreas de juegos infantiles (sanción muy grave) y accesos a centros comerciales y empresariales.

Tampoco se permiten las conductas en los espacios públicos que sean coercitivas o de acoso a las personas, así como las que promuevan el consumo de prostitución u otras formas de explotación sexual.

Por otro lado, los agentes de la autoridad o los servicios municipales competentes atenderán e informarán de los centros de atención social a los que se podrá acudir para recibir el apoyo necesario en el caso de la persona que se prostituye. La delegada Navarro ha insistido en que las meretrices tienen que ver a los policías con esta ordenanza como "una mano amiga, lejos de ser una amenaza".

En Barcelona y Sevilla, los ayuntamientos establecen un régimen de sanciones máximas de hasta 3.000 euros, una cifra que baja hasta los 1.500 euros en Málaga y Bilbao. La normativa en Granada establece que lo recaudado será destinado de forma íntegra a sufragar las actuaciones específicas contra la explotación sexual.