El Observatorio contra la Violencia de Género pide ampliar el concepto de maltrato más allá de relaciones de pareja

"Es necesario ampliar el concepto de violencia de género, no restringirlo solo a la violencia de la pareja o la expareja; la violencia que se ejerce contra las mujeres por el simple hecho de ser mujeres también debe ser considerada violencia de género y tener un tratamiento jurídico diferenciado", ha subrayado Carmona en declaraciones a los medios tras su intervención este jueves 3 de noviembre en la inauguración del Congreso, que se celebrará hasta este viernes en el Senado.

En este sentido, la Guía de criterios de actuación judicial para todos los operadores jurídicos que trabajan con casos de violencia de género presentada este jueves señala los casos concretos que, a juicio del observatorio, deberían estar incluidos en la Ley Integral contra la violencia de genero. Entre estos figuran actuaciones como el tráfico o favorecimiento de la inmigración clandestina de mujeres con fines de explotación sexual, la mutilación genital femenina, el aborto y la esterilización forzosos cuando el autor no tiene o ha tenido relación de afectividad con la vítcima o el acoso (con comportamientos como el 'sexting' incluidos), así como los matrimonios forzados, como formas de violencia contra las mujeres.

Además, Carmona ha insistido en la "necesidad y urgencia" de aprobar un Pacto de Estado contra la Violencia de Género con el consenso de todas las fuerzas políticas y la coordinación de todos los que trabajan en la lucha contra esta lacra, "para que ninguna mujer tenga que volver a sufrir este tipo de violencia tan terrible".

Por su parte, el presidente del Consejo General de Colegios de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, ha pedido que también entre a formar parte del Observatorio el nuevo problema de la violencia en los centros educativos que es "tan violencia y tan preocupante como las demás", según ha señalado.

La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, ha mostrado su preocupación por el hecho de que la denuncia entre las mujeres víctimas de violencia de género sea "minoritaria" y, por ello, ha pedido trabajar para que el sistema ampare a la mujer que denuncia y le dé seguridad. También ha propuesto que sea preceptiva la asistencia letrada para la víctima antes de denunciar, ha pedido más recursos y más formación para que un día en el futuro no sean necesarios abogados especializados en violencia de género.

La Fiscal de Sala Coordinadora de Violencia sobre la Mujer, Pilar Martín, ha advertido del riesgo que pueden suponer las nuevas tecnologías y aplicaciones como 'Whatsapp' cuando son utilizadas para "humillar y acosar" a la mujer, sobre todo entre los jóvenes. Por ello, ha apostado por aumentar los esfuerzos en el ámbito educativo y también ha insistido en el desafío de llegar a las víctimas que no se atreven a denunciar.

La secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez, ha indicado que la prioridad de las administraciones públicas debe ser aportar los recursos necesarios porque, según ha advertido, "de nada sirve" formular leyes con medidas para luchar contra la violencia de género si estas no van acompañadas "de medios, herramientas y dispositivos".

RUPTURA DEL SILENCIO

Por otro lado, durante la primera mesa redonda del Congreso titulada 'La ruptura del silencio cómplice', la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández, ha señalado que existen dos silencios que hay que romper en estos casos, el global y el de cada mujer.

En concreto, sobre el silencio de cada mujer, ha indicado que el primer paso es reconocerse como víctima --en esta línea se dirigen las campañas con preguntas como '¿te aísla de tus amistades?', '¿te controla el teléfono?' o '¿te da miedo tu pareja?'--; el segundo, contarlo; el tercero, informarse, y el cuarto, denunciar.

Sobre este último escalón, Hernández ha señalado que la asistencia jurídica gratuita y el asesoramiento jurídico previo, pueden ayudar a que las denuncias sean cada vez más completas y existan menos posibilidades de archivos y sobreseimientos. Finalmente, según ha añadido, tras la denuncia, otro paso en la ruptura silencio es el testimonio positivo pues más del 70% de las mujeres que han sufrido este tipo de violencia salen de ella.

En cuanto a la actualización de la guía del Observatorio contra la Violencia de Género, el documento incluye como novedades respecto de la verión anterior una serie de pautas para acoger "con respeto y de forma acorde a su situación" a las víctimas en el momento de denunciar, evitando generar sentimientos de culpabilidad y asegurándose de hacer comprensibles todas las fases del proceso judicial.

En este sentido, hace especial hincapié en la importancia de indagar en el testimonio de la víctima sin limitarlo únicamente al último episodio de violencia, de cara a valorar de forma lo más atinada posible la peligrosidad de la situación de la denunciante y la conveniencia de adoptar medidas cautelares de protección.

De hecho, el último informe anual del observatorio sobre las víctimas de violencia de género de 2014, publicado el pasado mes de octubre, ponía de relieve que algunas de las mujeres asesinadas habían interpuesto varias denuncias por diferentes episodios de maltrato, pese a lo cual no se había considerado pertinente adoptar medidas de protección.

Por eso, recomienda a los órganos judiciales y a los profesionales responsables de atender este tipo de casos "ir más allá" del último episodio de violencia en sus pesquisas para valorar la peligrosidad del denunciado y recuerda la posibilidad de solicitar informes a la Unidad de Valoración Forense Integral sobre factores que podrían incrementar el riesgo de que la víctima vuelva a sufrir una agresión mientras se tramita la denuncia.

Junto con estas novedades, el documento subraya que, en aquellos casos en que se quebrante una condena o una medida cautelar, el consentimiento de la víctima será "irrelevante" a la hora de valorar la infracción.

"Se cometerá el delito aunque sea la mujer la que consienta el acercamiento y reanudación de la convivencia. El juez sí puede levantar una medida cautelar de alejamiento, pero no la pena de alejamiento que es preceptivo imponer en las sentencias condenatorias", destaca.

Por último, condena la difusión o utilización de la idea de que "muchas condenas son falsas" y que hay mujeres que interponen denuncias contra sus parejas o exparejas por motivos como obtener una ventaja en el proceso de separación o divorcio. Según el observatorio, dicha idea es "falsa" y puede contribuir a "banalizar" el hecho de la violencia de género y a cuestionar el derecho de las mujeres víctimas a recibir la protección que requieren.

"No debe equipararse la existencia de denuncias falsas con el elevado número de absoluciones y sobreseimientos, vinculados en general a la dificultad de probar hechos que suelen ejecutarse en la intimidad o con la propia postura procesal de la víctima que ha vivido o permanece en el círculo de la violencia", señala.