ONG denuncian que sólo 9 de 17 comunidades autónomas disponen recursos para víctimas de violencia sexual

Se trata de Andalucía, Madrid, Extremadura, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña y Valencia, que son las únicas comunidades con recursos específicos para las víctimas de violencia sexual de género, como denuncian estas organizaciones entre las que figuran Médicos del Mundo, la FELGTB, Aspacia o Women's Link Worldwide.

Además, señalan que a nivel estatal no existe ningún centro público de emergencias especializado en estas situaciones y en algunas regiones no se trata de servicios garantizados, sino de iniciativas privadas con subvención, lo que "genera desigualdad territorial y no garantiza estándares mínimos en todo el Estado".

Las ONG recuerdan que según la Organización Mundial de la Salud, se trata de cualquier acto dirigido contra la sexualidad de una persona y comprende situaciones como tocamientos, roces, agresiones, acoso sexual callejero, exhibicionismo o violaciones. En la actualidad se reconoce como violencia sexual el acoso, las agresiones (incluido el abuso), la mutilación genital femenina, la trata con fines de explotación sexual y el matrimonio forzado, entre otras.

En todo el mundo, una de cada 3 mujeres han vivido situaciones de violencia física y sexual en algún momento de su vida. Una encuesta de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales realizada en 2014 reveló que en la UE, 3,7 millones de mujeres habían experimentado alguna forma de esta violencia sexual durante el año anterior.

En el caso de España, conforme denuncian las organizaciones, "falta información y faltan servicios de atención". "No existen investigaciones públicas en profundidad ni se recogen datos sobre violencia sexual hacia las mujeres de manera sistemática. Aún así, sabemos que durante el periodo 2011-2014, el 85% de las víctimas de estos delitos en nuestro país (27.730) fueron mujeres y niñas, aunque esta cifra sólo se refiere a las agresiones denunciadas, que se estima que suponen apenas un 10% de las totales", dicen en un comunicado.

Recuerdan, además, que la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género no recoge la violencia sexual como una manifestación de este tipo de delitos, lo que a su juicio, "deja a las supervivientes o potenciales víctimas en una situación de desprotección, pues no existe un marco normativo que garantice sus derechos, a la vez que expone a las mujeres que sufren acoso o agresiones sexuales por parte de su pareja o expareja a una situación de indefensión jurídica".

No obstante, según el Convenio de Estambul este tipo de violencia debería constar dentro de la Ley de modo que se desplegasen estrategias específicas para la precevención de casos y la protección y reparación de mujeres y niñas víctimas de violencia sexual, como así le hizo saber a España el Comité que vela por el cumplimiento de este acuerdo marco. "Frente a la violencia sexual, hay una escasa respuesta institucional y ausencia de políticas públicas para combatirla", dicen las entidades.