Piden 13 años de prisión para dos jóvenes por amenazas yihadistas a guardias civiles

Según el escrito de acusación, el 23 de junio de 2017 tuvo lugar en la ciudad de Melilla un operativo del Instituto Armado en el que resultó detenido Mohamed El Mahdaoui por delitos relacionados con el grupo terrorista Estado Islámico (también conocido como Daesh).

Los acusados, Suliman Mohamed Makrani, de 20 años, y Belaid Mohand Al-Lal, de 25, se encontraban "en la primera fila de un numeroso grupo de curiosos que se habían apostado detrás del cordón policial" y eran "perfectos conocedores de que se estaba llevando a cabo un dispositivo antiterrorista".

"Ambos acusados, guiados del propósito de alterar gravemente la paz pública y con el objetivo anexo de colaborar con el ideario terrorista de colaborar en la subversión del orden constitucional y la desestabilización de las instituciones democráticas, sirviéndose en aquel momento de la intimidación verbal y gestual, mantuvieron durante un prolongado lapso de tiempo una actitud abiertamente hostil y beligerante contra los integrantes del dispositivo policial, lanzando arengas de contenido radical e intimidatorio en muy alta voz y efectuando gestos beligerantes".

Así, Suliman Mohamed Makrani, al grito de 'Al Ahlu Akbar' (Alá es grande) se dirigió a los agentes de la Benemérita profiriendo expresiones como "porque no tengo nada afilado, si no os atravesaría a todos"; "no pararemos hasta que os pongamos de rodillas y os cortemos el cuello"; "os vamos a atravesar con todo lo que tengamos"; "os vamos a quemar vivos".

Por su parte, Belaid Mohand Al Lal gritaba "sois unos perros corrompidos por el Gobierno"; "recuperaremos Al Andalus y arderéis todos"; "esto no va a quedar así, vais a pagar por lo que estáis haciendo"; "esta es nuestra tierra, no la vuestra".

La Fiscalía ve en todo esto un delito de amenazas terroristas por el que pide 13 años de prisión para cada acusado. En caso de no apreciar este delito, el Ministerio Público propone la alternativa de desórdenes públicos terroristas y atentado a agentes de la autoridad por los que solicita siete años de cárcel para cada uno.