Juzgan en Madrid a una mujer por resistirse a su deportación forzosa

La Campaña por el cierre de los CIE ha convocado para una concentración a las puertas de la sede judicial en Madrid en solidaridad con Sandra y con todas las personas deportadas en los vuelos de deportación forzosos.

Los hechos a juzgar, según este colectivo, se produjeron el pasado 6 de octubre de 2011 sobre las 22.00 horas cuando cuatro agentes del Cuerpo Nacional de Policía del Centro de Internamiento (CIE) de Aluche iniciaron el operativo de deportación de una persona de origen latinoamericano, Sandra.

"En el transcurso de ese operativo Sandra fue insultada y amenazada por los agentes encargados de su custodia y deportación. Y sufrió malos tratos por parte de estos agentes, que le ocasionaron heridas y contusiones de tal gravedad que su deportación no pudo ser realizada", ha denunciado el grupo.

Además, ha indicado que Sandra había declarado, tras su primer intento de expulsión, estar amenazada de muerte en su país de origen como consecuencia de haber sido víctima de trata con fines de explotación sexual.

Denuncia

El colectivo ha denunciado que "los malos tratos en los procesos de deportación forzosa no son hechos aislados, sino más bien al contrario" y ha agregado que "Sandra es una de las miles de personas que, cada año, es deportada en estos operativos de deportación organizados por el Ministerio del Interior, amparados por el Protocolo de Actuación en deportaciones que aplica la Policía Nacional y que legaliza los malos tratos y una amplia gama de instrumentos represivos".

Así, ha explicado que este protocolo de actuación aprobado en 2007 salió adelante poco después de que Osamuyi Aikpitanyi muriera asfixiado en uno de esos operativos. "En la mayor parte de los casos que hemos podido documentar estas deportaciones se han realizado con una extrema violencia, tanto en el CIE o el calabozo como en el aeropuerto o el avión", ha indicado.

"Tampoco son hechos aislados las deportaciones a posibles solicitantes de asilo, protección subsidiaria o víctimas de trata, como se ha podido constatar en los últimos meses con los números vuelos a Mali o Nigeria. El Gobierno no está respetando de esta manera las figuras de protección jurídica internacional", ha concluido.