Justicia detecta a más de un millar de delincuentes sexuales que pretendían trabajar con niños

Así, al cierre de 2017, el número de condenados por esta causa ascienden a 43.656 y más un millar han dado positivo tras solicitar el certificado que obligatoriamente se exige desde marzo de 2016 a todas las personas que ejercen o quieren ejercer una profesión o actividad que implique el contacto con menores.

La obligatoriedad de presentar este documento la establece Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, así como la Ley de Voluntariado, ambas aprobadas en 2015. El Registro de Delincuentes Sexuales se puso en marcha el 3 de marzo de 2016.

En 2016, se emitieron 1.985.551 certificados, de los que 534 dieron positivo sobre delitos de naturaleza sexual, y en 2017 se han expedido 1.897.530 documentos, 517 de ellos, positivos.

El Registro Central de Delincuentes Sexuales obtiene sus datos gracias a su interoperabilidad con el Registro Central de Penados y el de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores sin que los órganos judiciales tengan que realizar ninguna inscripción adicional.

A su vez, facilita la información a jueces, fiscales y Policía Judicial para la investigación y persecución de estos delitos y permite, de manera gratuita y por medios electrónicos, la certificación de los datos inscritos, lo que posibilita al ciudadano acreditar la carencia de delitos de naturaleza sexual o, en su caso, la existencia de los mismos.

El certificado de delitos de naturaleza sexual puede solicitarse mediante una solicitud presencial en las gerencias territoriales del Ministerio de Justicia, en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, en los registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración General del Estado, Administración Autonómica y Administración Local y en el Centro de Atención al Ciudadano de Madrid.

También es posible solicitar este documento por Internet a través de la Sede Judicial Electrónica del Ministerio de Justicia con certificado digital electrónico o DNI electrónico, o por medio de la Plataforma de Intermediación de Datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública.