Juez de la financiación de PSPV y Bloc señaló irregularidades en casi todos los contratos con Crespo Gomar

La titular del juzgado de instrucción número 21 de Valencia señaló que en la investigación abierta a raíz de la información recibida por la presunta financiación irregular en 2007 del PSPV y del Bloc se pusieron de relieve "la existencia de irregularidades prácticamente en la totalidad de los expedientes de contratación" con la empresa Crespo Gomar --que tuvo como presidente a Alberto Gomar, el hijo del ex teniente alcalde del Ayuntamiento de Gandia--, algunas de ellas solo administrativas pero otras "que van más allá y que podrían ser constitutivas de infracción penal".

Así figura en el auto del pasado 19 de enero por el que la magistrada se inhibía en juzgados de Madrid, Gandia y Benidorm para que continuaran la investigación al considerar "la inexistencia de conexión de los hechos indiciariamente ilícitos con el partido judicial de Valencia" y que "no se da ninguno de los requisitos que proviene el artículo 17 de la Lecrim para su enjuiciamiento conjunto de los hechos".

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) informó en marzo de la inhibición y este viernes se ha conocido el contenido íntegro de la resolución judicial difundido por la Cadena Ser y El Mundo.

En el auto, consultado por Europa Press, la jueza señala que, conforme al contenido del informe-análisis policial de la documentación que fue aportada --se revela que quien la facilitó fue el actual presidente del PP en Alicante, José Císcar-- "indiciariamente nos podemos encontrar ante unos hechos de financiación irregular de dos formaciones políticas, PSPV-PSOE y Bloc-Compromís, además de hechos constitutivos de falsedad documental con carácter continuado".

Para ello, continúa, "la mercantil Crespo Gomar SL facturaría unos servicios a dichas formaciones políticas durante la campaña electoral del año 2007 de cuyo pago se habrían hecho cargo otras empresas y no los destinatarios de los servicios prestados mediante la confección de facturas falsas coincidentes en su cuantía con las presentadas por Crespo Gomar, siendo precisamente esta empresa la que facturaría a las terceras por servicios no prestados".

Asimismo, la jueza relata que la documentación que aportó la Agencia Tributaria "venía a corroborar parte del contenido" de las fotocopias aportadas por el denunciante y resultaba "también relevante la relación existente entre Crespo Gomar y el PSOE, si se tiene en cuenta que en el año 2007 figuraban ingresos procedentes de dicha formación política por importe de 79.663 euros y en el año 2008 por 325.094 euros".

Añade, en otro punto, que de las diligencias de investigación iniciada "aparecía indiciariamente una clara vinculación entre Crespo Gomar SL, así como otras mercantiles ligadas a la misma, como por ejemplo Opina Media, y al PSOE, tanto en cuanto a la primera como empresa intermediaria para facilitar la financiación de dicha formación política (y la del grupo Bloc-Compromís), como ambas, en cuanto a empresas que perciben fondos de las administraciones públicas gobernadas por aquella formación política".

Además, del informe que emitió el interventor perito, dice, "se puso de relieve la existencia de irregularidades prácticamente en la totalidad de los 'expedientes' de contratación pudiéndose distinguir no obstante entre aquellas irregularidades meramente administrativas y aquellas que van más allá y que podrían ser constitutivas de infracción penal".

En cuanto a la competencia territorial de la investigación judicial, la jueza explica que inicialmente asumió el caso porque la documentación aportada hacía referencia a unos servicios supuestamente prestados al PSPV-PSOE de la Comunidad Valenciana con sede en la calle Blanquerias de Valencia "sin que existiese en ese momento una clara delimitación territorial de la comisión de hechos". No obstante, según la jueza, la investigación realizada lleva a afirmar "la inexistencia de conexión de los hechos indiciariamente ilícitos con el partido judicial de Valencia".

Seguidamente, señala que, tal y como apunta el fiscal, los hechos relacionados con la financiación irregular de formaciones políticas --"únicos respecto a lo que podría plantearse en parte competencia de este juzgado", precisa-- habrían prescrito ya.

Sin embargo, decide inhibirse para proseguir la investigación sobre otros hechos analizados por si pudieran ser constitutivos de prevaricación y/o malversación de caudales públicos, como la compraventa de un local en Gandia por la Federación Valenciana de Fútbol subvencionada por el Ayuntamiento de esa ciudad, los 'opinómetros' --contrato de suministro del sistema de comunicación a Opino Media por el Ayuntamiento de Benidorm en 2010-- y adjudicaciones del Ministerio de Vivienda a Crespo Gomar.